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500 organizaciones y 250 personas, entre activistas y defensores de derechos humanos, suscribieron un documento que rechaza el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional retomado por la Asamblea Nacional (AN)

María Jesús Vallejo

Luego de que el Parlamento Venezolano retomara un proyecto de ley que tiene más de 10 años y que busca “reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria”, tres voceras se reunieron con Gianluca Rampolla, Coordinador Residente de la Organización de Naciones Unidas: Natasha Saturno, abogada y parte de Acción Solidaria; Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama y vicepresidenta de Sinergia y Diana Vegas, directora del Grupo Social Cesap.

Durante la reunión, ocurrida el miércoles 18 de mayo de 2022, se presentó el documento que consignó 750 adhesiones y se acordó una intervención por parte de Rampolla frente a la comisión de la AN encargada de llevar el proyecto de ley, con el fin de acercar a diputados y diputadas a la sociedad civil para discutir el contenido de la ley.

A una semana del encuentro, Natasha Saturno, coordinadora del Departamento de Exigibilidad de Derecho Humanos de Acción Solidaria, explica el impacto que podría tener la ley, a quiénes afectaría, qué hace la sociedad civil frente a esto, cuál es el rol de la ciudadanía en este contexto y por qué decidieron llamarla “ley anti-solidaridad”.

Luego de que la Asamblea Nacional retomara este proyecto, varias ONG decidieron pronunciarse. ¿En qué consiste el pronunciamiento y por qué es importante? 

El pronunciamiento tuvo 750 adhesiones. 500 fueron de organizaciones de sociedad civil y 250 fueron de individualidades: activistas, defensores de derechos humanos o personas pertenecientes a diferentes gremios que ven en esta en este anteproyecto de ley un riesgo considerable para el cierre del espacio cívico en Venezuela.

Esto habla de la preocupación que está generando en la sociedad civil. No es frecuente que tantas organizaciones y personas se unan para suscribir un mismo comunicado, que establece un análisis de cómo está presentado el anteproyecto en estos momentos y resalta los puntos más preocupantes, incluyendo lo establecido en la exposición de motivos, que si bien no forma parte del articulado formal, sí hay que entender que es vital porque sirve para la interpretación de la misma ley. 

En este caso, descontextualiza el concepto de cooperación internacional, el cual, sería para algunos tipos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; establece una ideología muy marcada cuando no debería de estar atada a ninguna y, por supuesto, establece ya en el articulado una serie de mecanismos que están lamentablemente diseñados para controlar el acceso a estos fondos por parte del Estado venezolano.

De aprobarse, ¿a quiénes afectaría esta ley? ¿Cuál sería el impacto sobre Venezuela en medio del contexto que atraviesa?

Principalmente afecta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Cualquier organización de sociedad civil que tenga capacidad para ejecutar fondos de la cooperación internacional tendría que someterse a la normativa de esta ley, que otorga potestades muy grandes al Estado, si la organización no se alinea a sus directrices simplemente no calificaría para recibir los fondos y al final, las más afectados son las personas a las que se atienden. 

Esto es gravísimo en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja donde el colapso es generalizado: los servicios públicos, el sistema sanitario público, la educación. Quienes estamos en primera línea de defensa, somos las organizaciones de sociedad civil tratando de  apoyar y de sostener la estructura que queda. Una limitación a acceder a estos recursos básicamente se traduciría en más afectación a poblaciones vulnerables.

¿Por qué decidieron llamarla ley anti-solidaridad?

Básicamente es por el concepto de solidaridad. Las organizaciones de sociedad civil que trabajan con la cooperación internacional, en su gran mayoría, lo que están buscando es ayudar a la población más afectada y eso nace del concepto  de ser solidarios los unos con los otros. 

Entonces lo que lo que vimos fue claro: el nombre del proyecto de ley realmente no muestra la afectación que puede traer para nuestro trabajo y para tantas personas de ser aprobada. Quisimos calificarla de esta manera para dar a entender la preocupación que significa el cierre de este espacio cívico. 

Este proyecto de ley tiene antecedentes, ¿podrías contarme un poco sobre eso?

Sí, el anteproyecto de ley tiene antecedentes que se remontan a más de 10 años. El primero que se hizo es muy parecido al actual con dos artículos menos. Surgió en 2005, sin embargo, no fue aprobado en segunda discusión de la AN y desde entonces se ha retomado en varias oportunidades en la agenda legislativa. 

Pareciera una forma de generar presión y control sobre la sociedad civil. Una especie de amenaza que dejan latente y de la que tenemos que estar siempre pendientes, porque de aprobarse generaría todas las consecuencias que ya hemos ido conversando. 

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía frente a un escenario así?

Informarse. Primero: buscar, leer. Incluso recomiendo leer lo que dicen todas las partes involucradas o el mismo anteproyecto de ley, la intención es que cada ciudadano se genere un un criterio propio y de estar de acuerdo (con el pronunciamiento), también darle difusión a su contenido, ya sea comentado con familiares y amigos o a través de redes sociales, compartiendo las campañas que estamos llevando.

Una ciudadanía informada, activa, que desde sus espacios pueda dar a conocer lo que está pasando y entender también lo que significa. Entiendo que, en estas circunstancias, muchas veces pensamos que nuestras acciones no hacen mucho, pero realmente sí generan cambios o los impiden y es fundamental que lo hagamos.

A una semana del anuncio, ¿qué ha hecho la sociedad civil? ¿Qué sigue ahora?

La sociedad civil ya consignó una solicitud formal de reunión ante la comisión de la Asamblea Nacional encargada del anteproyecto de ley, esto es aparte de los oficios que está realizando el Coordinador Residente de Naciones Unidas. Por otro lado, estamos estableciendo una campaña por redes sociales para dar a conocer el contenido del anteproyecto y del pronunciamiento.

Por los momentos, la información que manejamos es que solamente se está discutiendo la exposición de motivos y no el articulado, pero igual nos preocupa que el anteproyecto como tal siga siendo el mismo que existía. Además, vale la pena destacar  que no se llamó nunca a la sociedad civil a participar en un proceso de redacción de una legislación cuyo fin principal es regular a la sociedad civil, entonces con más razón es importante que se escuchen nuestras voces.

Hacemos seguimiento y hay voluntad de dialogar con quienes están liderando este anteproyecto y lo más importante para nosotros es traer al centro de la discusión a quienes están más afectados, es decir, las y los venezolanos en situación de vulnerabilidad.