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500 organizaciones no gubernamentales y 250 personas rechazan el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional retomado por la Asamblea Nacional que pretende limitar los recursos que surjan de los acuerdos o las alianzas de la sociedad civil

 

El martes 17 de mayo, la Asamblea Nacional retomó la propuesta del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que «busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. De igual modo, se busca transferir al gobierno de manera exclusiva la capacidad de recibir, transferir e intercambiar recursos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos según las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo», como lo expresan 500 organizaciones no gubernamentales y 250 personas de la sociedad civil en su pronunciamiento. 

El documento fue entregado ante el Coordinador Residente de Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, el miércoles 18 en las oficinas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), durante una reunión que se sostuvo con Natasha Saturno, vocera de Acción Solidaria; Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama y Diana Vegas, directora de Cesap.

La sociedad civil, en la declaración de rechazo, insiste en las consecuencias que la ley tendría sobre la población venezolana, sobre todo, para las personas en mayor situación de vulnerabilidad: (…) este proyecto violenta los estándares de la cooperación internacional y los derechos de la sociedad civil para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica, expresión, derecho a la defensa de los derechos humanos y a la iniciativa de prestar asistencia humanitaria, dando un paso definitivo hacia el cierre de las fuentes de cooperación para el desarrollo del país y la asistencia humanitaria, como continuidad de una política de restricciones arbitrarias a las capacidades de apoyo de los organismos internacionales a la población, y de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo todas las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección».

Para leer el pronunciamiento completo, descargue abajo:

PronunciamientoEnRechazoalPLCI