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Naiguel J. Baspe

El origen de la cuarentena

La cuarentena nació en 1.346, con el edicto de Reggio, ciudad de Módena, Italia. En realidad fue un cordón sanitario, pues la palabra cuarentena derivó en un término marítimo, aplicándose un período de aislamiento a los buques que llegaban de puertos de mala “fama médica” durante la Peste Negra, en donde se relatan las crueles prácticas de aislamiento adoptadas, que condenaban a muerte a familias enteras, obligándolos a permanecer encerrados en sus casas junto a los moribundos, con guardias en las puertas delantera y trasera, quienes muchas veces fueron asesinados.

Las formas de aislamiento más primitivas son las que aparecen mencionadas en el bíblico Pentateuco de manera directa en el “Levítico”, hace más de tres mil años. De aquí se inspiraron los médicos que trataron a los leprosos, y esta práctica se hizo popular entre los siglos XIII y XIV. Estas situaciones han servido de referencia e historia para la pandemia por COVID-19, y para darnos cuenta que las prácticas de estigmatización y segregación como “método de seguridad” se siguen normalizando tantos siglos después.

La discriminación por COVID-19 

De acuerdo a Unicef el estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características a una condición de salud específica. En un brote epidémico, esto puede significar que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, discriminadas y que experimenten una pérdida de su estatus debido a una percibida conexión con una condición de salud.

Sin duda este tipo de tratos afectan negativamente a quienes han contraído COVID-19, así como a sus familiares, cuidadores, amigos y comunidades. Entre los factores causales de estos eventos, podemos considerar que: es un virus nuevo y del cual aún existen muchas incógnitas, que en general los seres humanos le tememos a lo desconocido, y que es más sencillo responsabilizar o culpar a otros. La población  siente confusión, ansiedad y miedo. Desafortunadamente, estos factores contribuyen a alimentar estereotipos dañinos. 

Los primeros indicios de señalamiento por COVID-19 en Venezuela, los encontramos al inicio de la cuarentena durante el 2020, cuando el gobierno de Nicolás Maduro mediante una campaña de descredito acusó a los migrantes venezolanos que retornaban al país como “Bioterroristas”, acusándoles de ser enviados y causantes del aumento de las cifras de contagiados y muertes en la nación, además de esto, los mismos debían regresar por las trochas, ya que se les dificultaba el regreso por vías regulares al país, a esto se suma la militarización severa y el alojamiento forzado en los denominados PASI que no contaban con las medidas de prevención adecuadas. 

El 06 de agosto de 2020 en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, se marcaron las casas de las familias que posiblemente presentaban casos de COVID-19 y que permanecían en cuarentena preventiva. La marca fue ordenada por la Dirección de Defensa Integral Municipio San Cristóbal, presidido por el concejal, Javier Flores.

También en el estado Yaracuy pero en el municipio San Felipe, el alcalde Rogger Daza aplicó la misma medida dejando una marca en las residencias de ciudadanos con COVID-19. En este caso, los inmuebles fueron marcados con el logo del programa social Barrio Adentro, dirigido por médicos cubanos.

El más reciente acto que pondría en evidencia a las personas que han contraído COVID-19 fue la decisión del Alcalde del Municipio Sucre del estado Yaracuy, Luis Duque, quien mediante un video colgado en su cuenta de twitter se observa como marca las  residencia, las cuales tienen en la puerta colgado un cartel con un signo de “prohibido” en color rojo. 

Adicionalmente, Duque agregó que las personas con un diagnóstico positivo de COVID-19 que incumplan el aislamiento serán multados con 20 millones de bolívares. También, advirtió que quienes quiten el cartel de las puertas de sus casas serán penalizados con 10 millones de bolívares (alrededor de 4USD al cambio BCV), sentenciando que: “Si reinciden, le vamos a hacer el videíto y le vamos a suspender la bolsa de comida y el gas”, cabe destacar que esta medida ya había sido denunciada en Cuba, cuando se marcaban las cosas de los contagiados por las autoridades de salud.

Referente al caso venezolano, días más tardes el Fiscal General Tarek Williams Saab anunció una investigación penal contra Duque por marcar “macabramente” las casas de personas con COVID-19. La medida de la Fiscalía fue anunciada por Saab desde su cuenta personal de Twitter. El funcionario comentó que el procedimiento de Duque se hizo “de manera unilateral, y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la pandemia”, agregó que se desplazarían a la Guama, capital del municipio Sucre, para proceder a retirar “los insólitos avisos colocados selectivamente en el Estado Yaracuy”.

Estigmatización como barrera al acceso a la salud.

Es evidente que el estigma y el miedo en torno a las condiciones de salud transmisibles han dificultado la respuesta oportuna a las mismas. Durante situaciones de epidemias o pandemias es esencial: la confianza en los servicios, mostrar empatía hacia quienes están afectados, comprender la condición de salud en sí, y adoptar medidas y prácticas eficaces para su prevención. Lamentablemente, estos elementos se encuentran ausentes en muchos casos. 

En el caso venezolano se denunció desde los inicios de la pandemia que nuestro sistema público de salud no estaba preparado para lidiar con los estragos que produce una emergencia sanitaria de esta magnitud. El desabastecimiento de insumos y medicamentos, las fallas estructurales y la ausencia de una logística coordinada y la poca capacidad de respuesta para la bioseguridad del personal de salud, han calado en que la calidad y el acceso a una atención oportuna no puedan ser posibles.

UNICEF advierte que el “…estigma puede debilitar la cohesión de la sociedad y llevar al posible aislamiento social de ciertos grupos, lo cual podría contribuir a una situación en la que sea más, no menos, probable que el virus se extienda. Esto puede llevar a mayores problemas de salud y a dificultades para el control del brote epidémico de una enfermedad”. 

Como consecuencia a esta situación, las personas deban esconder la condición de salud para evitar la discriminación, no buscan atención médica en forma inmediata e incluso los lleva a no adoptar las medidas de prevención recomendadas por expertos, por ejemplo, no colocarse la mascarilla para que los demás no piensen que se tiene COVID-19.

Hoy, cuando Venezuela atraviesa por una segunda ola de COVID-19 que deja a su paso cifras alarmantes, se deben tomar consideraciones importantes en materia de políticas públicas de salud con un enfoque en derechos humanos, en especial, lo relacionado a la no discriminación de las personas que pueden estar atravesando por esta situación. El lenguaje o trato que demos pueden tener significados negativos para las personas y perpetúan presunciones o estereotipos negativos existentes que fortalecen asociaciones falsas entre la condición de salud y otros factores, crean miedo generalizado, genera desinformación y  deshumanizan a quienes tienen  se les transmite el virus.