El lema del año pasado para el día mundial del VIH fue: “El sendero que conduce al fin del sida es un camino de derechos”, y hace alusión al informe publicado por ONUSIDA, el cual muestra que es posible reducir las muertes por SIDA, si los líderes globales protegen los derechos humanos de todas las personas con VIH. «A pesar de los enormes progresos realizados en la respuesta al VIH, las violaciones de los derechos humanos siguen impidiendo que el mundo acabe con el sida», declaró Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA
Kimberley González
Durante más de 40 años se han realizado esfuerzos para mejorar la respuesta conjunta frente al VIH y gracias a la investigación y la experiencia práctica, se han identificado las claves para una respuesta más humana y efectiva, que incluye: acceso fácil a herramientas de prevención, tratamientos asequibles, acción sostenida en materia de derechos humanos (DDHH), incluída la igualdad de género, al igual que la participación de diversos actores en la respuesta y financiación.
Sin embargo, a pesar de haber realizado avances cruciales en esta materia, aún hoy las vulneraciones de los DDHH siguen socavando las respuestas al VIH y ralentizando el proceso. De hecho, según cifras de ONUSIDA, para 2023 en todo el mundo la prevalencia de VIH en adultos fue del 0.8%, pero, debido a la marginalización, discriminación y, en algunos casos, criminalización, en algunos grupos en situación de vulnerabilidad la prevalencia es mayor, por ejemplo: 2.3% en mujeres jóvenes y niñas entre 15 y 24 años en África oriental y meridional, 7.7% entre hombres que tienen sexo con otros hombres, 3% entre las personas trabajadoras sexuales y 9.2% entre las personas trans. Lo que demuestra que un enfoque interseccional y de DDHH es primordial para conseguir un abordaje efectivo, que englobe las necesidades de los grupos más vulnerables.
En el caso venezolano, a través del Boletín Informativo de Julio-Septiembre 2024 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra los resultados del trabajo conjunto realizado con el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), con el apoyo de la subvención del Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (FM).
Según el boletín, los esfuerzos durante el trimestre pasado se han enfocado en concretar y recibir todos los insumos que serán distribuídos en el país durante 2025, se espera realizar distribuciones a partir de enero, con la finalidad de evitar el desabastecimiento de tratamientos e insumos para el abordaje de VIH en el territorio nacional. Este trabajo requiere un esfuerzo conjunto de las agencias especializadas de la ONU, junto a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para garantizar el acceso a tratamientos, así como el abordaje del VIH, estigma, discriminación y DDHH.
Sin embargo, a pesar de tener acceso a tratamientos, gracias a la subvención del FM, Venezuela aún cuenta con una baja disponibilidad de pruebas de carga viral en los centros públicos de salud debido a factores como: la escasez de reactivos y la crisis hospitalaria que enfrenta el país, que hace que las desigualdades que menciona ONUSIDA en su informe se hagan aún más evidentes y que un enfoque de DDHH sea aún más necesario a la hora de generar respuestas efectivas y sostenibles ante el VIH.
De hecho, para octubre de 2024, ONUSIDA estimaba que habían unas 100.000 personas con VIH en Venezuela, de las cuales 73.000 estaban en tratamiento, siendo los grupos más afectados: hombres homosexuales, mujeres trans, trabajadores sexuales, personas privadas de libertad y miembros de comunidades indígenas, como es el caso de la etnia Warao, con una prevalencia de 9.6%.
Otro gran reto que enfrenta el abordaje del VIH en Venezuela es la falta de cifras oficiales, César Pacheco, coordinador en el área de respuesta ante VIH/Sida de Acción Solidaria, expresó en una entrevista para el medio Correo del Caroní que en Venezuela se desconoce la cifra oficial de portadores del virus; además, Alberto Nieves, director ejecutivo de Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), añadió que ante la falta de cifras oficiales, han sido las organizaciones quienes han tomado la batuta para determinar la realidad del VIH en el país, obteniendo datos alarmantes sobre la prevalencia de VIH en poblaciones clave.
En el mismo artículo, el testimonio de una persona con VIH manifiesta cómo en Venezuela lo más difícil de costear son los exámenes de control, que implican un gasto de hasta USD$160, si se realizan en un laboratorio privado. Tanto Nieves como Pacheco explican que la existencia de tratamientos en el país es gracias a la acción de las organizaciones civiles nacionales e internacionales, y que al día de hoy las vidas de miles dependen de la Cooperación internacional.
Los retos no se limitan al deterioro del sistema público de salud venezolano, y la falta de cifras, sino que se suma la discriminación por VIH y el estigma, vulneraciones que se intensifican cuando se suman dobles vulnerabilidades, como el ser una persona de la comunidad LGBTIQ+, o pertenecer a una etnia indígena, afectando gravemente la salud mental de las personas con VIH, poniendo en riesgo su bienestar.
De este modo, se hace crucial rescatar las palabras de Winnie Byanyima “sólo los derechos pueden corregir estos errores”, aplicando un enfoque más humano y de DDHH al abordaje de VIH en Venezuela, realizando esfuerzos conjuntos de actores clave, que van desde el Estado, hasta las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, y la comunidad en general, para tener un enfoque que englobe las necesidades de las comunidades de mayor vulnerabilidad y garantice el acceso a una vida digna y libre de discriminación.