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María Jesús Vallejo

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) especifica que defensor o defensora de derechos humanos es “la persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. 

Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, coincide y dice que en Venezuela, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), defender los derechos humanos no es una tareas exclusiva de quienes trabajan dentro de organizaciones no gubernamentales o activistas, también son defensoras las personas que trabajan en el área de salud, periodistas y comunicadores, sindicalistas y hasta líderes comunitarios. 

Cada 10 de diciembre, desde 1948, se celebra el Día de los Derechos Humanos. Pero es desde las últimas dos décadas que el movimiento de defensores y defensoras en Venezuela ha cobrado fuerza. 

Defender derechos también es un derecho

Marianna Alexandra Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, explica un poco la evolución del movimiento en Venezuela. Hace 30 años, la defensa de los derechos humanos en el país estaba vinculada a temas políticos. Luego, a partir de 1998, las violaciones a los derechos de las personas se han profundizado y eso ha resultado en el nacimiento de ONG en el interior del país y con enfoques diversos. Y, más recientemente, muchas personas defensoras de derechos humanos han asumido la respuesta humanitaria como parte de sus actividades. 

“Las redes han crecido, a la par que el Estado ha recrudecido su política de criminalización; lo que ha vuelto que el trabajo de las ONG sea más difícil”, afirma. 

De acuerdo con un monitoreo del Centro para los Defensores y la Justicia, en 2019 se registraron 135 agresiones a defensoras y defensores, que se manifestaron en forma de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, allanamientos, estigmatizaciones y acusaciones de parte de funcionarios del gobierno. En 2020, las agresiones pasaron a 303 y entre enero y octubre de este año, van 682, lo que significa una duplicación en el ataque sistemático al movimiento de los derechos humanos, en medio de una crisis que ha ocasionado que más de cinco millones de personas migraran. 

La criminalización de las organizaciones de la sociedad civil son inconstitucionales y defender derechos humanos es un derecho en sí. La Constitución, en su artículo 132, reconoce el derecho y el deber de toda persona de cumplir responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria, con el fin de promover y defender los derechos humanos.

Aunque si algo destaca Romero es que la coyuntura ha permitido que el movimiento se articule mucho más en función de la defensa y la denuncia. 

Derechos para todas las personas en todas partes

En abril de 2021, más de 700 organizaciones rechazaron la Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021.

La normativa, según el comunicado, “obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”.

No hay un registro preciso de cuántas organizaciones hay en Venezuela, pero la articulación que surgió para denunciar la medida estatal demostró la variedad del movimiento de defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Feliciano Reyna enfatiza en la diversidad temática y amplitud geográfica de organizaciones y colectivos. “Ahora hay una fuerte presencia de mujeres y jóvenes en la agenda. Eso le da un sentido de permanencia al movimiento”, dice. Además, esa diversidad es la que ha permitido documentar y registrar las violaciones sistemáticos de los derechos de millones de personas, lo que resulta en la incidencia pública nacional e internacional y, en un sentido más humano, salvar vidas. 

En 2016, la ONU reconoció la crisis humanitaria que atraviesa la población venezolana y Reyna insiste en que fue, en gran medida, gracias al trabajo en red que hacen defensores y defensoras de derechos humanos: “Fue parte de un esfuerzo colectivo que tiene como propósito, como causa, la dignidad humana”.

Estado versus sociedad civil

Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria y en emergencias humanitarias, se admite preocupada, frustrada y triste por la estigmatización y criminalización de las ONG: “No es posible que el gobierno y muchos organismos multilaterales crean que defender derechos sea una actividad subversiva, antigobierno”.

Insiste en que los derechos no tienen ideología y que asumir trabajo humanitario, como lo han hecho cientos de defensores y defensoras, es la única oportunidad que pueden tener miles de personas de salvarse. Un ejemplo de esto podría ser la donación de tratamientos antirretrovirales (para personas que viven con VIH) que se logró gracias a la cooperación internacional entre ONG venezolanas y organismos multilaterales. 

Raffalli insiste en que uno de los principales desafíos que enfrenta el movimiento de derechos humanos en Venezuela es justamente ese: cómo ser activista a la vez que se brinda asistencia humanitaria. Lo que puede significar tener mesas de diálogo con Estados y autoridades y acuerdos que pueden ser cuestionados por la sociedad civil. Afirma que, en ocasiones, las denuncias cesan porque hay vidas comprometidas, pero tanto la defensa de los derechos como la respuesta humanitaria son necesarios para el país, sobre todo en medio de la emergencia.“Muchas veces, eso que haces es la última oportunidad para las víctimas”, dice.