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Fecha: 01/dic/2020

Natasha Saturno Siñovsky

Antes de que el COVID-19 llegara a alterar por completo nuestras vidas, el mundo ya conocía de pandemias, entre ellas, la del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que fue descubierto por primera vez en los años 80 y cuya expansión alcanza, desde el inicio de la pandemia a 75,7 millones de personas hasta el 2019 de acuerdo a ONUSIDA. Actualmente, se estima que 38 millones de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes viven con la condición de salud.

Lamentablemente, el VIH se ha cobrado la vida de 32,7 millones de personas, sobre todo en las primeras décadas de la epidemia. Las buenas noticias, es que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para desarrollar un tratamiento que le permite a quienes tienen la condición de salud evitar que el virus se replique lo suficiente en su organismo como para causar algún daño, incluso hay estudios que demuestran que una persona con VIH que tenga acceso temprano a tratamiento con antirretrovirales tiene la misma expectativa de vida que una persona que no tenga el virus.

Sin embargo, el estigma de tener VIH y la discriminación persisten hoy en día, las organizaciones Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) y la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) registraron al menos 1.446 casos de discriminación hacia personas con VIH en centros públicos de salud en los primeros siete meses de este 2.020. El contexto laboral tampoco se salva, Acción Solidaria ha podido verificar con preocupación al menos 10 casos de discriminación laboral en 2019 y 2020, específicamente por la realización de pruebas diagnóstico preempleo, prevacacional o postvacacional (que son ilegales) y que llevan a los empleadores a no otorgar las vacantes, o a despedir a sus empleados.

Venezuela en retroceso

Ahora, el tema de la discriminación no es el único problema que enfrentamos en Venezuela, desde que el Estado decidió suspender las compras masivas de antirretrovirales a mediados de 2016, toda la red de centros de salud y farmacias de alto costo adscritas al Ministerio de Salud y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tuvieron que, durante todo 2017 y 2018, decirles a sus usuarios “No hay tratamiento”.

En nuestro país, la sentencia histórica de Glenda López vs IVSS de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el año 2.001, dictaminó la responsabilidad al Estado en compra y distribución gratuita del tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH en Venezuela, calificando la situación como un asunto de salud pública.

Sin embargo, y como indicamos anteriormente, la falta de compras de tratamientos dejó a más de 80.000 personas con VIH registradas en el Programa Nacional de VIH/sida del Ministerio de Salud, sin acceso a su tratamiento médico por meses continuos, afectando, en muchos casos, de forma irreversible la salud de estos venezolanos.

Actualmente, y gracias a la cooperación humanitaria con el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, se logró adquirir una cantidad de antirretrovirales que se han podido distribuir a través de las redes del Ministerio de Salud y del IVSS. El problema, es que no es suficiente.

Grisbel Escobar, directora de la organización civil MUSAS denunció que sólo el 40% de las personas con VIH en el país está recibiendo los antirretrovirales donados por el Fondo Mundial, además, alertó que el gobierno de Nicolás Maduro no suministra los reactivos necesarios para las pruebas de carga viral y CD4 que son indispensables para hacer seguimiento al estado de salud de las personas con VIH. Tampoco se encuentran medicamentos para atender las enfermedades oportunistas.

Por otra parte, la activista Silvimar Campos de la organización Stop VIH, indicó que el éxodo de personal médico calificado como infectólogos está afectando seriamente la atención de las personas con VIH/sida, quienes deben al menos una vez al año, asistir a su consulta médica de rutina para hacer seguimiento de la réplica del virus en el cuerpo y de la cantidad de CD4 disponibles.

La afectación diferenciada por razones de género

Las mujeres embarazadas con VIH, además, deben enfrentar los problemas del colapso del sistema público de salud que impiden: un correcto control prenatal, ya sea por el éxodo de los médicos o la falta de insumos médicos; el acceso a una cesárea, que en los casos donde la mujer no se encuentra con carga viral indetectable, es el procedimiento idóneo para evitar la transmisión vertical; o la posibilidad de adquirir fórmulas lácteas para evitar amamantar a los infantes, que debido a su costo es prohibitivo.

Sobre lo anterior se han pronunciado los gremios médicos, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) María Graciela López denunció que ha aumentado la transmisión vertical del VIH por el escaso control prenatal, la falta de seguimiento y la ausencia de fórmulas lácteas en el país.

En definitiva, Venezuela ha retrocedido en la cobertura y asistencia de salud que ofrecía a las personas con VIH/sida, vulnerando su derecho a la salud y colocando en riesgo su derecho a la vida.