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Por: Juan Rodrigues.

Las etnias indígenas venezolanas son uno de los sectores vulnerables de la población. La EHC ha afectado gravemente las condiciones de vida de estas poblaciones, debido al poco o nulo acceso a servicios de salud, agua potable, electricidad y alimentos.

El pasado 17 de septiembre, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), publicó un informe que detalla la situación de los pueblos indígenas de esa entidad. En este sentido, detallan casos y situaciones graves, como las de las poblaciones ubicadas en la región de Paraguaipoa, en donde en agosto de este año más de 50.000 personas estuvieron sin electricidad por al menos 180 horas.

Asimismo, los índices de desnutrición infantil entre los niños indígenas son alarmantes, el informe detalla que solamente en el municipio Mara y en la Guajira, existen unas 496 familias con niños malnutridos y con algunas cardiopatías y parasitosis. Esta es una situación que se repite en otras zonas del país, por ejemplo, en poblaciones del sector San José de Buja en Monagas, para julio de este año se contabilizaron al menos 220 niños con bajo peso; o en estado Bolívar, donde se reportó el fallecimiento de 3 niños de la comunidad Warao por consumo de agua contaminada.

La llegada del COVID-19 a las comunidades indígenas del país contribuyeron al empeoramiento de sus condiciones de vida. Las medidas de cuarentena impuestas han frenado las actividades económicas de estas poblaciones, que viven principalmente de fuentes informales de ingresos, bonos del gobierno y de la agricultura.

De la misma forma, la ACNUR indicó en julio de este año que los casos de COVID-19 entre poblaciones indígenas venezolanas estaba en aumento, así como la ocurrencia de muertes por estas causa, en las poblaciones indígenas del estado Amazonas. Casos similares, se presentan en el estado Bolívar, donde  desde junio se reportó un foco de casos en la etnia Pemón. De la misma forma, CODHEZ, en el boletín citado anteriormente, hace referencia a muertes por COVID-19 desde junio de este año, en el estado Zulia.

De acuerdo con algunas informaciones, en la región Panamazónica, que abarca Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela, para junio de este año, se habían registrado 9.889 muertes y 245.991 contagios por COVID-19. Estas mismas informaciones dan cuenta que la tasa de mortalidad en estas poblaciones es mayor que la del resto, debido precisamente a sus condiciones de vida.

Esta mezcla de factores negativos amenaza incluso la sobrevivencia misma de ciertas etnias, debido al aumento de muertes por condiciones que, en un contexto ideal de acceso a servicios públicos y de salud, podrían haberse evitado.

En definitiva, las características propias de las poblaciones indígenas les hacen más vulnerables que el resto de la población y si a esta situación se le suma el contexto venezolano de EHC, resulta en una combinación alarmante, que pone en peligro la salud y la vida de estas comunidades.

En este sentido, el Estado debe atender a estos sectores, implementando medidas especiales que permitan el acceso a servicios médicos de diversa índole, agua potable, combustible y alimentos, así como permitir y proteger el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, como medidas efectivas que permitan paliar los efectos de la EHC y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.