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Fecha: 27/mayo/2020

Naiguel Baspe y Natasha Saturno Siñovky

El pasado 30 de mayo, Nicolás Maduro informó medidas para flexibilizar la cuarentena bajo un plan denominado “5×10”, donde se permite a ciertos sectores trabajar durante 5 días a partir del 1 de junio, para luego volver a guardar cuarentena por 10 días.

Lamentablemente, estas medidas no cumplen con las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativas a los ajustes de las medidas de salud pública y social en el contexto del COVID-19, entre las cuales se encuentran: que la transmisión del coronavirus se encuentre controlada, que el sistema de salud se encuentre con capacidad adecuada para dar respuesta, que se haya reducido al mínimo los riesgos de brote en entornos de alta vulnerabilidad (centros asistenciales, supermercados), que se hayan establecido medidas preventivas en lugares de trabajo, que se gestione el riesgo de exportar e importar casos desde comunidades con alto riesgo de transmisión y que las comunidades se encuentren plenamente comprometidas.

Aunque, es difícil hacer una adecuada evaluación del caso venezolano por la intencionada opacidad y falta de información sobre la pandemia por parte de quienes detentan el poder, no hacen falta muchos datos para darnos cuenta que no cumplimos siquiera con la primera consideración.

Al respecto de esta, la OMS ha presentado indicadores que son clave para que las autoridades sanitarias de un país conozcan si tienen o no la pandemia bajo control, por ejemplo: que haya una disminución de al menos 50% de nuevos diagnósticos por al menos tres semanas, que haya una disminución constante del número de fallecimientos, hospitalizaciones e ingresos de casos confirmados y probables y que menos del 5% de las muestras analizadas den positivo para COVID-19.

Sin embargo, el anuncio es recibido en víspera de una fase expansiva de la pandemia en el país, solamente en estos primeros tres días del mes de junio ya se han reportado un total de 309 nuevos diagnósticos de COVID-19, para un total de 1.819 casos confirmados y 18 decesos desde el primer diagnóstico reportado el pasado 13 marzo. Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que apenas un 2,37% de las 697.691 pruebas aplicadas para el diagnóstico del coronavirus son con el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las cuales se consideran una prioridad para el avance de la identificación de las dimensiones de la pandemia y en consecuencia para la elaboración de políticas públicas adecuadas, las pruebas rápidas que se han utilizado preferencialmente en Venezuela tienen una “sensibilidad limitada” y pueden arrojar falsos negativos.

Además, el país se encuentra muy limitado por la cantidad de pruebas PCR que hacen a diario, apenas unas 600 por día. Todo esto, sin considerar las pésimas condiciones de nuestro Sistema Público de Salud, que no cuenta con los insumos necesarios para hacer frente a la crisis y ya ha dado como resultado el contagio de al menos 35 miembros del personal de salud.

La información proporcionada por OCHA concluye que el 97.63% de las pruebas para COVID-19 que se han realizado han sido métodos rápidos que inducen a falsos negativos, a esto, se le suma el porcentaje de casos asintomáticos no diagnosticados. Todos estos casos sin diagnóstico y sin seguimiento forman parte de esa población que regresó a sus trabajos el 1 de junio y que aumentan el riesgo de propagación rápida del virus.

El panorama es complejo, Venezuela vive una crisis económica desde el 2014 que se ha acentuado marcadamente con estos casi 3 meses de cuarentena, de acuerdo a una encuesta sobre el impacto del COVID-19 concluyó que para principios de mayo el 98,2% de los venezolanos ya no contaba con los recursos para seguir en cuarentena, por lo que, muchos dieron la bienvenida al plan 5×10, sin embargo, queda incierto el panorama del país para las próximas semanas con el empleo de estos lineamientos y el claro aumento de los casos de coronavirus en el país.