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Foto: José Daniel Ramos

Natasha Saturno

El pasado 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día que nace para conmemorar la lucha por la equidad de género de las mujeres, tanto en reconocimiento de derechos como en oportunidades y en su desarrollo integral.

A pesar de los grandes avances que se han logrado en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer y lograr, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó hace poco un estudio donde señaló la terrible realidad de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física  o sexual principalmente de parejas íntimas.

Pero esta no es la única dimensión donde las mujeres sufren desigualdad, lo relativo a sus derechos sexuales y reproductivos es clave para entender la brecha entre géneros.

¿Qué sucede en Venezuela?

De acuerdo a resultados iniciales de un monitoreo realizado por Acción Solidaria sobre incidentes del derecho humano a la salud de las mujeres, en el año 2020 hubo 133 incidentes principalmente vinculados con problemas de disponibilidad de bienes y servicios de salud. Otro resultado inicial es que se ve una correlación casi directa de la afectación del derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con el de las mujeres.

Los derechos a la salud sexual y reproductiva son los más vulnerados, tenemos más de 90% de desabastecimiento de todo tipo de anticonceptivos: pastillas, implantes, sistemas intrauterinos, anillos vaginales y otros (Convite 2020), y en el caso de condones el desabastecimiento asciende a 50%. Y si se quiere comprar, una mujer debe emplear casi un salario mínimo completo de un mes por apenas 3 condones (1,5USD).

Lo anterior, impide que las mujeres puedan protegerse de infecciones de transmisión sexual o prevenir embarazos no deseados, lamentablemente, Venezuela lidera la tasa de embarazo adolescente en la región, la cual, ha aumentado 65% desde 2016 (Amnistía). De hecho, una encuesta de percepción realizada por Avesa (2019) señaló que 8 de cada 10 venezolanas cree estar expuesta a ITS o embarazos no deseados.

Además, el aumento de casos de ITS y el desabastecimiento de medicamentos para tratarlas ha aumentado los casos de sífilis congénita que son muy perjudiciales para los recién nacidos, este es un ejemplo de la correlación entre la afectación del derecho a la salud de la mujer que incide en la afectación de los NNA.

También, la mortalidad materna no ha disminuido sus cifras en los últimos 15 años, de acuerdo a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela al desmentir las cifras de Balance de Gestión de Salud 2019 del gobierno. En 2019 la tasa estaba en 112,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y las tres principales causas de fallecimiento de las mujeres son: hemorragias, sepsis e hipertensión, las cuales, son causas predecibles y tratables cuando se hace un control adecuado. Es decir, las muertes de la mayoría de estas mujeres son prevenibles.

Por otra parte, las mujeres embarazadas que deben someterse a procedimientos de cesárea, como muchos casos de mujeres embarazadas con VIH, les exigen el kit completo para la operación (guantes, antibióticos, inyecciones, gasas y otros) incluso antes de ingresarlas al Hospital, comprar todos estos materiales puede costarles alrededor de 100USD.

A lo anterior, se suma la destrucción de la estructura hospitalaria en el país, que lamentablemente se traduce en violencia obstétrica. La falta de insumos y medicamentos, habitaciones cerradas, falta de camas, filtraciones, falta de agua e insumos de limpieza como desinfectante, entre otros, generan que el personal de salud sea obligado a atender sin recursos a los pacientes, y en especial, a las mujeres embarazadas que terminan por sufrir las consecuencias de la violencia hospitalaria.

Además, es bien conocido que el personal de salud no está remunerado adecuadamente, lo que ha producido un éxodo de personal capacitado y dejando con sobrecarga de turnos y horarios a los pocos que continúan trabajando, se ha reportado incluso que mujeres embarazadas a veces deben esperar hasta 12 horas para ser atendidas para un parto vaginal o cesárea por falta de personal de salud.

Por otra parte, la cultura de tabú sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres debilita su habilidad para buscar información y negociar su salud en especial cuando reciben amenazas de sus parejas.

Las barreras de acceso a los bienes y servicios de salud no solo terminan por deteriorar la salud de las mujeres, sino que implican mayores gastos y pérdidas de ingresos, perpetuando un círculo vicioso de enfermedad y pobreza.