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Juan Rodrigues

En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía no es solamente tener voz o derechos en asuntos públicos, sino que además implica la libertad de poder tomar decisiones en el ámbito personal, entre ellas, las que tienen que ver con la vida sexual y reproductiva.

Estos derechos tienen la finalidad de permitir a todas las personas poder decidir sobre los aspectos de su vida sexual y reproductiva con libertad, seguridad y confianza. Como es evidente, las mujeres tiene un portagonismo fundamental dentro de esta temática, toda vez que tienen un rol determinante dentro de la reproducción y además, históricamente han victimas por discriminación en este aspecto.

Los derechos reproductivos de las mujeres, no solamente se limitan a la decisión de tener hijos o no, su cantidad y el distaciamiento entre ellos, sino que además implican el derecho a acceder a información sobre planificación familiar, metodos anticonceptivos, aborto legal y seguro, además de otros servicios de salud relacionados con fertilidad y atención antes y después del parto.

De acuerdo con la Federación Internacional de Planificación Familiar, los derechos sexuales y reproductivos, implican, entre otros, el derecho a la igualdad, tanto en la protección legal, como a vivir libres de cualquier forma de discrminación; el derecho a la participación, sin discriminación; el derecho a la vida, la libertad, seguridad e integridad personal; el derecho a la privacidad, a la autonomía personal y a la información; el derecho a casarse o no, formar o no familia y a la planificación familiar.

Para su ejercicio, requieren de un contexto favorable que permita a las personas, y especialmente a las mujeres, tomar decisiones en libertad. Es decir,  acceder de forma gratuita a métodos anticonceptivos, así como a obtener información adecuada, actualizada y libre de prejuicios, sobre todos los aspectos sexuales y reproductivos, acceder a prevención, diagnóstico y tratamiento de cualquier ITS y acceder a servicios de salud en calidad y número suficiente.

Ahora bien, trasladando estos aspectos al contexto venezolano, tenemos que, lamentablemente, las mujeres no tienen garantía plena de ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Venezuela tiene una de las tasas más alta de embarazo adolescente de la región, este dato, revela carencias en aspectos relacionados con la planificación familiar, el acceso a información y el acceso de forma gratuita a métodos anticonceptivos, todo lo cual además revela una falla en materia de políticas públicas por parte del Estado.

De acuerdo con CONVITE, en Venezuela la escasez de métodos anticonceptivos orales, alcanza el 52%, mientras que el índice del preservativo masculino es del 22%, siendo Puerto Ordaz, San Carlos y el Área Metropolitana de Caracas, las zonas más afectadas.

Ahora bien, si se atiende al detalle de la escasez de métodos específicos, el índice de escasez de aros vaginales es de 92%, de dispositivos intrauterinos 91% y anticonceptivos inyectables 90%, lo que da cuenta de la magnitud del problema.

Aunado a lo anterior, hay que señalar que existe un factor económico que determina igualmente el acceso a los pocos métodos disponibles. Así, el estudio de CONVITE señala que un blister de pastillas anticonceptivas, pueden costar entre 10 y 20 dólares, precios que son inaccesibles para la mayoría de las venezolanas.

Asimismo, el estudio reveló que las mujeres no tienen acceso a información sobre métodos anticonceptivos, ni sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), todo lo cual influye directamente en la tasa de embarazo precoz y en la incidencia de nuevos casos de ITS.

Como se evidencia en estas pocas líneas, el problema es estructural y debe ser abordado como tal. El Estado debe implementar políticas públicas que permitan el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, a servicios de salud en calidad y número suficiente y tener posibilidades de optar por el método anticonceptivo que más se adecue a las necesidades individuales, todo ello, con el fin de garantizar a la mujer venezolana un ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.