Cuatro normativas venezolanas rechazan, explícitamente, la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Además, desde 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a las personas trans de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo, la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela está lejos de ejercer plenamente sus derechos.
Específicamente, con respecto al acceso a la salud -establecido en el artículo 83 de la Constitución-, la población de personas trans sigue siendo una de las más vulneradas por el Estado y, además, discriminadas por la sociedad civil. Desde la Fundación Reflejos de Venezuela, que acompaña a personas trans, insisten en que en los centros de salud, muchas veces, el personal médico y de enfermería no considera la identidad de género de las personas y hombres trans son atendidos en espacios para mujeres.
Pero eso es solo un ejemplo. Uno de los principales obstáculos para el ejercicio del derecho a la salud de las personas trans es, además de la discriminación, la invisivilización de esta población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en su informe de 2018, Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas Lgbti en las Américas, resaltó: “(…) no es viable tomar decisiones políticas destinadas a enfrentar el problema de la discriminación contra las personas Lgbti sin datos confiables, los cuales además permitirían visibilizar su situación y significarían una forma de reconocimiento frente a las demás personas. (…)”. Lo que no se comunica no existe y para el Estado venezolano, las personas trans no existen.