Feliciano Reyna, presidente de la organización civil Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos alerta que hay una situación de emergencia social en el país debido a la falta de medicamentos y que es necesario que el Gobierno admita la emergencia y acepte la ayuda humanitaria.
El concepto que hay que entender es así: emergencia humanitaria compleja. Lo manejan en Naciones Unidas y se refiere a grandes crisis producidas en un país como consecuencia de una sumatoria de factores como el desplome de la economía, la anulación de las instituciones del Estado, conflictos civiles, hambruna y éxodo masivo de la población. Pero hay un elemento importante: manejos e intereses políticos están en la raíz del problema.
Además de esa multiplicidad de causas, su impacto afecta a toda la estructura social y tiene la fuerza suficiente como para disgregarla. Y por tanto plantea la necesidad de desplegar una acción internacional en varios frentes al mismo tiempo y con planes de variado plazo.
Un poco más allá de lo académico, Feliciano Reyna, activista de larga trayectoria al frente de la organización civil Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos, prefiere hacer precisiones: “Cuando las situaciones de crisis tienen una raíz de tipo política, es decir, que son producto de un conflicto político donde hay unos actores que de una manera deliberada empiezan a desestructurar la vida dentro de un país, entonces estás hablando de una emergencia humanitaria compleja. Pasó el nivel de crisis y se transforma, por sus dimensiones, ya en una situación de emergencia, es de naturaleza humanitaria porque puede implicar pérdida de la vida de forma cuantiosa y es compleja porque no se trata de un desastre natural, por ejemplo, sino que tiene sobre todo un centro en el conflicto político. Algunos documentos dicen que es una situación que es utilizada políticamente en beneficio de quienes manejan el poder”.
Y añade, por si quedan dudas: “Se trata de una violación masiva, sistemática y deliberada de Derechos Humanos”.
Con 12 millones de personas pasando hambre y al menos 4 millones enfrentando dificultades para el acceso a medicinas, ¿ese concepto describe la situación de Venezuela?
—En este momento, sí. Desde el año pasado veníamos trabajando sobre la idea de que estamos dentro de un contexto de este tipo. Cuando hacíamos los informes sobre la situación de salud y alimentación y por la situación de emigración, de fallas de servicios públicos y problemas ambientales, entendimos que estábamos pasando la etapa de crisis, sin ninguna duda. Hay que mirarlo ya desde aquí, porque si no lo entendemos así no tendríamos todos los elementos que permitirían en un momento dado de movilización de ayuda internacional responder realmente con la dimensión que hace falta.
¿Qué implicaciones en el contexto internacional tiene entrar bajo esa categoría?
—Son varias cosas. Una, como su naturaleza es política, definir quiénes son los actores que están produciendo esta violación de derechos humanos deliberada. Quiénes son los que están actuando de forma tal que, primero la producen y después no impiden que continúe. Por eso cuando vemos hoy que los países que están sancionando a representantes del gobierno venezolano los llaman al diálogo es porque queda claro que no solo son los responsables sino que son las personas con las que, además, tiene que negociarse nacional e internacionalmente porque en sus manos está poder solucionar la situación.
La prioridad no es castigar sino resolver el problema…
—Exactamente. Pero el camino de la sanción tiene como objetivo, por ejemplo, propiciar que se sienten en una mesa y abran el espacio para solucionar porque los responsables están produciendo unos daños masivos a su población. Esto tiene un costo en sufrimiento y en vidas gigantesco. En ese sentido, ese reconocimiento es importante. En segundo lugar, está poder decirle a esos actores responsables que sea cual sea la razón, el hecho es que hay un daño contra la población y si se dan los pasos para la apertura, la comunidad internacional está dispuesta a ayudar a Venezuela. Y si hay esa disposición, implica también evaluar las medidas inmediatas y las de mediano y largo plazo para sacar al país de esta situación.
Pero esto requiere que ese responsable, que es el Estado, reconozca la emergencia y su propia responsabilidad…
—Sin duda. A eso ha estado apuntando la presión internacional, más toda la documentación que hemos hecho dentro del país. Esto, hay que decirlo, no va a parar. El daño va a continuar. Cuando uno habla con actores en el ámbito de derechos humanos la búsqueda es esa: vamos a ofrecer al país lo que le pueda hacer falta, en el intento de que el Gobierno admita esta situación de grave daño a la población y la existencia de la necesidad de que la cooperación internacional llegue al país.
Uno de los derechos más afectados es el de la salud. ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado a la población y no lo ha hecho?
—Nosotros venimos planteando que cuando llegas a una situación tan grave ya se trasciende el hecho de que puedas proveer, por ejemplo, solo tratamientos. En las situaciones de emergencia humanitaria compleja uno de los efectos son los desplazamientos y las epidemias. Ya claramente estás en un momento en el que necesitas una estrategia de vacunación, necesitas que lleguen tratamientos urgentes. Hay 3.500 personas trasplantadas que corren el riesgo de que sus órganos sean rechazados. Eso no puede esperar a un proceso de producción nacional o de importación. Eso es ya. Las 77.000 personas con VIH, que ya han tenido fallas en la distribución de medicamentos en todos los meses pasados, también requieren apoyo de inmediato. Hemos estado leyendo documentación de las redes de mujeres con cáncer de mama, sobre equipos que no funcionan, no hay posibilidad de hacerse las mamografías de forma adecuada. Entras a solventar el tema de la provisión de medicinas, de estrategias de vacunación, a equipar los lugares porque los equipos no funcionan; tienes que recuperar parte de la infraestructura. Tienes que tratar el tema ineludible de la provisión de electricidad y agua que son servicios que fallan en los hospitales. Y también hay un problema de personal, más violencia, que también la encuentras en estos terrenos de la salud.
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Nada funciona…
Efectivamente, nada está funcionando. Y por eso hablar de una emergencia humanitaria compleja tiene tanta importancia. Hay un colapso en el país. Y eso no te permite ver el tema de la salud en solitario. Por ejemplo, en los mismos centros de salud no entra alimentación adecuada. Una persona que no tiene siempre su tratamiento pero que, por ejemplo, en un caso referido al sistema inmune podría haber resuelto una parte y le dices que debe mejorar su alimentación, no lo puede hacer. Hablamos de acceso a la educación, pero resulta que una madre tiene que sacar a su niño o a su niña de clases para ir a buscar el alimento que se pueda conseguir. Es decir, el nivel de desestructuración de la vida cotidiana es una de las cosas que más se expresa en estas situaciones “.
¿Esto es ineficiencia o es parte de un concepto de ejercicio del poder?
—En la Constitución –y en tratados internacionales- teníamos unos instrumentos de garantías de estado de derecho y de práctica democrática. Y todo eso se fue rompiendo. Cuando el presidente Chávez empezó aquella política de expropiaciones arbitrarias, que más bien fueron expoliaciones, se tomaron propiedades de todo tipo, desde pequeñas hasta empresas a las que se les quitó la capacidad de producción de alimentos y de medicinas. Digamos que en ese momento se decidió sustituirlo todo con importaciones, que el Gobierno asumió que tenía los dólares gracias al barril de petróleo, pero no puedes generar esa disrupción en la vida del país y uno de sus efectos más perversos es que una cúpula en el poder vio en esto una extraordinaria oportunidad de negocios. Buena parte de lo que ha estado ocurriendo tiene una explicación clara en la corrupción de una manera absolutamente grosera. Esto dejó de lado a las personas y las maneja como instrumentalizadas en los momentos electorales. Cuando apareció aquel registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela era una base de datos para uso electoral y ahora con la distribución de alimentos, esa es otra instrumentalización de las personas para tener una base electoral. La Asamblea Constituyente fraudulenta es nuevamente la acción de una cúpula que monta a 500 personas con las que pretenden legitimar unos hechos que no son legítimos. Pasan por encima de las garantías de la Constitución, de todas las obligaciones internacionales en materia de democracia y derechos humanos y, al final, se dan la excusa instrumentalizando a por lo menos 500 personas, que son quienes levantan las manos en la Asamblea Constituyente.
Puedes hacer todo eso, acumular poder y en paralelo garantizar también un mínimo de funcionamiento del sistema de salud y de respeto al derecho a la vida…
—Cuando empezaron a desestructurar al país no podía no resultar en una situación de este tipo. Es lo que documentábamos desde hace mucho tiempo, cómo parecía a veces que afectabas a algunas áreas de derechos y otras podían salir indemnes. Pero al final están todas interrelacionadas. Aquí hay una clara política de dominación que empezó como una supuesta redistribución del poder, pero terminó como siempre pasa en estos procesos: con una cúpula que ve dentro de toda esta destrucción su capacidad de quedarse en el poder. Y lo que vemos es a ese grupo de poder atrincherándose para preservar lo que va quedando entre las ruinas. Pero no podía suceder de otra manera. Cuando pasaron por encima de tantas normas que nos permiten vivir en sociedad, no podían no desestructurarlo todo. Cuando se habla de crisis humanitarias complejas han sido casos como los de Ruanda, Kosovo, es decir, situaciones límites en las que por la manera de ir obrando pequeños grupos en el poder no podían sino terminar de esa forma.
Desde el principio la revolución vendió la idea de progresista, de garante de derechos humanos. Usted que ha participado en las citas importantes en materia de derechos humanos en las que el Estado venezolano debe responder ante instancias internacionales, ¿cómo justifican los representantes del Gobierno lo que sucede aquí?
—Lo que hemos visto en muchos de ellos es una justificación más bien ideológica, que no se basa en datos de la realidad. Hablan de grandes hechos, dicen que han instaurado cosas como una Gran Misión Vivienda, pero después resulta imposible hacerle seguimiento y dentro de tanta opacidad resulta que no hay manera de saber si eso funcionó y si produjo bienestar o no. Tampoco hay manera de hacerlo con el tema de prisiones, ni con libertad de expresión. Y en estos últimos tiempos en los que hemos presentado datos sobre los problemas con la salud y la alimentación, no tienen manera de sustentar que ha habido una conducta que vaya en beneficio de la población. Hay una negación total.
Nosotros aquí en Acción Solidaria hemos estado implementando un programa de ayuda directa gracias a donaciones que recibimos y es dramático ver a personas que llegan, muchas señoras mayores, que cuando les entregas una medicina se ponen a llorar y besan la caja. Hemos llegado a ese grado de deshumanización. Para una persona a la que le das una cajita de medicamento, que a lo mejor solo le resuelve una semana o dos de tratamiento, se siente como si volviera a la vida. Vino recientemente un señor mayor que al llegar, con un inhalador que le dimos, de inmediato empezó a respirar bien. Eso mismo pasó con otra señora que llamó y tenía tres días sin salir de casa porque no podía someterse a los rigores de la calle por un problema respiratorio. Aquí nos llegó medicina oncológica, más bien paliativa, y una doctora a la que le entregamos una caja lloraba y nos decía “al fin le puedo dar un poco de alivio a mis pacientes”.
Esos casos no entran en ninguna estadística y deben contarse por miles…
—Se multiplican. Y eso está siendo negado por este grupo que pretende hacer ver que no está pasando nada. Pero no está negado ni para la población ni para los entes internacionales. Otra cosa que ha sido muy grave y que sucede mucho en los casos de emergencias complejas es que el Estado pierde la capacidad de gestionar los conflictos con la población y cuando la población reclama esta disrupción de su vida, entonces la respuesta es represiva y en algunos casos tan graves como las OLP.
-Esa actitud de negación ya es un viejo cuento en el escenario internacional. Es un clásico de los regímenes autoritarios. ¿Todavía se lo creen?
—Creo que la reacción internacional muestra que no. Es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos estado en el espacio donde se da el examen periódico universal en Ginebra. Por otro lado, también hay una clara conciencia de los daños que se están produciendo. Y por eso se están dando tantos pasos. Hay dos cosas interesantes. Una, el hecho de que un inmenso número de países democráticos –con su defecto o no- están mostrando su preocupación y me refiero a la Unión Europea, al Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos. Están actuando para que el Gobierno venezolano abra la puerta a la democracia y sin duda hay un aspecto fundamental que tiene que ver con el daño a las personas. Y te das cuenta, además, de que hay un claro aislamiento de Venezuela. Quienes quedan apoyando a Venezuela son unos sitios que –para usar un término de Teodoro Petkoff- son “impresentables”: Bielorrusia, Corea del Norte, Filipinas… Son justamente los países más cuestionados. Eso está viéndose. Venezuela en este momento es como una sombra dentro de América Latina, aunque Cuba lo ha sido durante largo tiempo. Y eso también se debe al trabajo importante de documentación de las organizaciones de derechos humanos y el de mucha gente que ha estado trabajando en llamar la atención sobre lo que ha estado pasando en el país. Los daños que empezamos a ver el año pasado y los que se han ocasionado hasta ahora, son pocos respecto a lo que viene. Si el gobierno no entiende y no abre esa puerta, los daños van a ser mucho mayores. Y son daños a las personas, a la población. Más allá de lo económico —que ya es gravísimo—, en alimentación y salud las consecuencias serán devastadoras.
¿Cómo y cuándo empezó a sentirse la escasez de medicinas? ¿Cuál es la situación actual?
—Desde el 2009 fuimos registrando problemas. Entre 2012 y 2013 empezó a agravarse, había fallas sostenidas pero que se resolvían. En 2014 y 2015 se pronunciaron, se hicieron más largos los tiempos en los que no llegaban las medicinas. Y 2017 ha sido el año más grave de todos. Entendemos que en un momento dado hubo una política de no comprar medicinas, en la medida en que había menos ingresos, y por eso empezaron a reportarnos fallas en varias áreas como esclerosis múltiple, la paliativa, cáncer de mama, VIH; durante más de un año. Dejaron de comprar en 2016 y, claro, no llegaron en 2017. Y estamos en esta situación de falla absoluta en muchas áreas de medicinas y en insumos.
¿La responsabilidad de importación y distribución es del Estado completamente?
—Sí, está en manos del Estado.
Se supone que hay empresas del Estado encargadas de producir medicinas, ¿están operativas?
—Eso no está funcionando en la medida de las necesidades. Por eso vemos peticiones de albúmina. Están atrasados con los recursos que deben poner en el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. En el caso de VIH la compra ha sido irregular porque no pagan a tiempo. Para que no haya una falla entre febrero y marzo del año que viene debieron haber firmado en septiembre las nuevas órdenes, y eso no se hizo. Incluso contando con mecanismos que facilitan la compra y garantizan el mejor precio y calidad, no los están utilizando.
¿Ha habido avances en la deuda que se mantenía con los laboratorios?
—Lo que hemos visto son laboratorios internacionales cerrando o reduciendo al mínimo sus operaciones. Y de los nacionales vamos escuchando solicitudes de recursos para la producción. No se ve en este momento una solución. Nosotros insistimos en que el Estado venezolano no tiene las capacidades locales para responder a la situación.
Pero todo está en manos del Estado…
—Está y al mismo tiempo una de las cosas que solicitamos a algunos actores que pueden ayudar a paliar esta situación humanitaria es que expresen permanente y públicamente su disposición al Gobierno venezolano. Queda en manos del Gobierno aceptar o negarse a aceptar esa cooperación internacional. Pero nos parece muy importante que eso sea expresado públicamente. Otra de las cosas que decimos internamente es que las personas demanden, que se organicen y se acerquen a las organizaciones civiles, que se pueda documentar el daño que están sufriendo tanto ellas como sus familias.
Aquí hay un problema: cuando no tienes medicinas ni acceso a la salud hay que tomar en cuenta la salud mental, que probablemente sea de los daños más graves que se está causando a toda esa gente que vive en incertidumbre, en ansiedad, con desesperanza “
El triste resumen es que todo depende del Gobierno: desde la posibilidad de activar el sistema de salud como la de aceptar la ayuda internacional…
—En las dimensiones que hace falta para poder a empezar a solventar los daños inmensos causados por esta violación masiva de derechos humanos sí está en manos del Estado. Sin embargo, parte de esa ayuda ha estado fluyendo por esas vías de organización extraordinaria de la gente. Está llegando. Parece que hay una posición tácita de reconocimiento de que existe esta situación tan grave y permiten que la ayuda vaya fluyendo. Muy conscientes de nuestras limitaciones –y me refiero a muchas organizaciones que estamos en esto- sabemos sin embargo que la acción tiene un valor inmenso porque sean 10, 20, mil o 10 mil personas ayudadas eso es importante. Al menos es algo y no este nivel de desasistencia.
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Entrevista / Crónica Uno – Oscar Medina / Foto y vídeo: Francisco Bruzco