Las comunidades indígenas, son grupos que históricamente se han enfrentado a múltiples desafíos y escenarios de vulnerabilidad. En nuestro país, uno de los desafíos más importantes para este grupo, es en materia de salud: el acceso limitado a servicios básicos, saneamiento de agua, la desnutrición, infecciones de transmisión sexual (ITS) y la falta de personal sanitario capacitado en sus lenguas y culturas | Foto principal: AFP
Ángel Zavaleta
En la Respuesta contra el VIH a nivel mundial, es fundamental abordar las desigualdades que la acompañan y priorizar a las personas que aún no tienen acceso a los servicios relacionados con esta condición de salud. Esta situación ha sido planteada por ONUSIDA a través de una estrategia que establece medidas prioritarias, con el fin de mostrar un camino para que el VIH deje de ser un riesgo para la salud pública en 2030.
En este artículo, buscamos mostrar una realidad, a veces, poco explorada, pero tomada en cuenta en nuestra constitución en su Artículo 119; que reconoce a los pueblos indígenas como parte integral de la nación y se garantiza el derecho a su libre determinación, preservación y conservación de su cultura e identidad, lo que significa que el Estado debe proteger sus derechos, territorios y formas de vida. Pero la realidad nos demuestra las barreras que enfrentan los grupos indígenas en el acceso a la salud, donde se habla poco sobre la vulnerabilidad de estas comunidades y los riesgos que enfrentan en la actualidad.
Uno de los factores que agrava esta situación es la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que se caracteriza por una combinación de factores políticos, sociales y económicos que han llevado a un colapso en las estructuras del Estado y en la capacidad de este para garantizar derechos básicos a su población, por ejemplo: los estados con mayor volumen poblacional concentran los pocos recursos en sus hospitales y centros de salud, lo que limita el acceso a atención médica para las comunidades indígenas que suelen encontrarse en espacios más remotos.
Esto nos lleva a revisar un caso distintivo en una población del Delta del Orinoco conocida como: la comunidad indígena Warao, abordado en el Informe nacional de seguimiento de la declaración política sobre el VIH y SIDA de 2016, para el monitoreo global de 2020 en Venezuela, que explica detalladamente la forma de transmisión del VIH dentro de esta comunidad y cómo representa un riesgo que tiene alta relevancia, ya que la población total del Delta Amacuro es de aproximadamente 165.525 habitantes, de los cuales 49.771 son Warao con una prevalencia de 9,2% como índice de transmisión, la cual, es muy superior a la que se estima para la población general 0,6%.
Lamentablemente, estas cifras son alarmantes, y a pesar de algunos esfuerzos por disminuir la tasa de transmisión y mortalidad en la zona, apenas se ha logrado reducir de 9,55% en 2011 a 9,2% en 2020, lo que demuestra la necesidad de continuar los esfuerzos por formular e implementar mejores políticas públicas.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que la recopilación de datos sobre la salud en las comunidades indígenas es limitada, lo que dificulta un análisis preciso sobre la incidencia del VIH. El subregistro epidemiológico es un problema significativo en estas poblaciones, lo que puede llevar a una subestimación del impacto del virus.
Los pueblos indígenas enfrentan múltiples factores de riesgo de transmisión del VIH, incluyendo condiciones socioeconómicas desfavorables, falta de educación sexual y reproductiva, discriminación y acceso limitado a servicios de salud. Resulta importante señalar, que aunque se ha observado un descenso del VIH entre estas comunidades, las cifras exactas siguen siendo difíciles de determinar debido a la falta de información precisa y a la opacidad de datos. No obstante, diversas instituciones y organizaciones de sociedad civil venezolanas están trabajando para abordar esta situación y apoyar en la respuesta a estas comunidades en situación de vulnerabilidad.
Desafíos actuales
La necesidad de realizar investigaciones adicionales sobre el VIH en las comunidades indígenas es urgente, la falta de datos detallados limita la comprensión del alcance real de esta condición médica de salud. Las investigaciones previas han demostrado que los pueblos indígenas enfrentan múltiples factores de riesgo; por lo tanto, se requiere un enfoque más especializado que incluya estudios epidemiológicos detallados y la recopilación de información sobre comportamientos de riesgo y acceso a tratamientos antirretrovirales (TAR).
El acceso a TAR ha generado serios desafíos en el acceso a medicamentos y tratamientos, especialmente para aquellas personas con VIH en todo este proceso de Emergencia Humanitaria Compleja que afronta el país, que en su punto más crítico ocasiona la escasez de antirretrovirales, lo cual es alarmante, ya que muchas personas no pueden obtener los fármacos necesarios para mantener su salud y prevenir la progresión del VIH.
Finalmente, desde Acción Solidaria consideramos que es fundamental involucrar a las comunidades indígenas en los procesos de investigación y creación de políticas públicas para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas, algo que se logrará sólo a través de una investigación exhaustiva y de escuchar a quienes viven estas realidades, mediante una acción coordinada, centrada en la evidencia y respeto a las culturas locales, para desarrollar políticas efectivas y programas de prevención que aborden adecuadamente las distintas barreras que enfrentan las personas con VIH de las comunidades indígenas venezolanas.