El 9 de noviembre próximo se cumple el plazo de 30 días dado por la Comisión, para que Venezuela explique las medidas que han sido tomadas para garantizar la vida de estas personas. No solo debe entregar regularmente medicamentos, sino también ofrecer acceso a exámenes y chequeos médicos en la red pública.
Caracas. “Pensé que me iba a morir este fin de semana. Me sentí muy mal. La verdad esto es una tragedia, no me quiero ir así, mi mamá depende de mí”.
A Ismael —se usa seudónimo para proteger su verdadera identidad— le dio una gripe que lo mantuvo más de cuatro días postrado en una cama. Un cuadro gripal lo tumbó al punto de que pensó que se iba de este mundo, y todo porque sus defensas se fueron al piso.
El no contar con los antirretrovirales hace estragos en su inmunidad, tanto que una simple gripe lo inhabilita por completo.
No podía caminar con soltura, le dolía todo el cuerpo y dejó de trabajar. “Me debilité mucho esta última semana”.
Ismael tiene VIH desde hace tres años. Sin embargo, este último ha sido muy doloroso para él. Los antirretrovirales que le daban a través de la consulta en el hospital Vargas no llegan con periodicidad.
oma Viraday, una terapia que debe ser constante e ininterrumpida, para minimizar los riesgos de enfermedades oportunistas y el surgimiento de resistencia a estas drogas por parte del virus, pero en tres ocasiones dejó de aplicarse el tratamiento, que debería entregar gratuitamente el Estado.
Por eso su angustia, cualquier enfermedad oportunista lo puede matar.
El dato
Desde el año 1998 a través de un recurso de amparo introducido por pacientes y médicos ante la extinta Corte Suprema de Justicia —la cual falló a favor de las personas que viven con VIH en Venezuela— toda persona que padezca esta infección tiene el derecho a obtener el tratamiento antirretroviral sin costos y suministrado por las instituciones acreditadas para tal fin en las diferentes ciudades del territorio nacional.
A partir de 2014, las personas con VIH/Sida comenzaron a vivir un calvario por las fallas en la recepción de los antirretrovirales, situación que empeoró en 2017, año cuando se notó no solo la escasez de los fármacos, sino también la ausencia absoluta de reactivos para la realización de exámenes médicos especializados, para detectar cargas virales y niveles de CD4 y CD8.
Razón por la cual, luego de hacer seguimiento, denunciar y documentar, 364 personas con la patología, representadas por Feliciano Reyna, Andrea Bret Nuñez Jesús, Natasha Saturno, de la organización Acción Solidaria; Eduardo Franco de la Fundación Manos Amigas por la Vida; Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz; Eric Carlos Patiño, Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui del Programa Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); José Alfredo Toro y José Antonio Espinoza Soteldo de la Fundación Arcoíris por la Vida; Alberto Nieves de Acción Ciudadana contra el Sida y Mary Ann Torres de Icaso, llevaron el pasado 22 de febrero de este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, instando a la comisión que requiera a Venezuela la adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos de los ciudadanos con el virus.
Según los solicitantes, estas personas se encuentran en riesgo por la falta de entrega constante de los antirretrovirales para tratar adecuadamente su condición médica.
El pasado 10 de octubre, a través de la resolución 76/2018, fueron entregadas las medidas cautelares en beneficio de proteger a 43 venezolanos, que actualmente atraviesan serias dificultades debido a la negligencia del Estado venezolano en la entrega de los medicamentos.
Ismael está dentro de ese grupo. Lamentablemente, no fueron los 364, según Natasha Saturno, porque los casos debieron ser documentados y probados. “Llevamos unos cuya documentación no tenía ni los expedientes médicos. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando para lograr la ampliación y para que se cumplan las recomendaciones que da la CIDH”.
¿Qué dice la Comisión?
Solicitó al Estado venezolano que tome todas las medidas requeridas para proteger los derechos de todos los beneficiados mediante la “adopción de medias inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, así como a los diagnósticos y exámenes médicos que permitan evaluar de manera regular”.
Los representantes de las 43 personas amparadas solicitaron reuniones, el pasado 17 de octubre, con representantes del Consejo de Derechos Humanos, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Ministerio de Salud, a los fines de coordinar el cumplimiento de la resolución. A la fecha las solicitudes no han sido respondidas.
Los demandantes esperan que, para el 9 de noviembre —cuando se cumple el lapso de los 30 días— el Estado informe lo que ha hecho al respecto.
Para Ismael esto es un avance tremendo, pues de otra forma no puede adquirir los antirretrovirales. Los tres meses que dejó de tomarlos no pudo comprarlo en el mercado paralelo. Una caja la conseguí en 150 dólares. “Soy vendedor y no puedo costear eso, además los exámenes son muy costosos. En la red pública no hay reactivos y en la privada medir la carga viral puede superar los 4000 bolívares soberanos”.
Antecedentes recientes
Hace un poco más de un año la CIDH también otorgó medicas cautelares para Yohonnys Hernández, un hombre de 41 años, que sufre de hemofilia tipo A severa y que desde hace dos años no recibía la dosis del tratamiento para mantenerse.
Hernández desmejoró con artrosis e hipertrofia en todas sus articulaciones, por lo que Acción Solidaria, Provea, Codevida, la Asociación Venezolana para la Hemofilia y Cepaz, en noviembre de 2016 tomaron el caso y solicitaron a la CIDH proteger el derecho a la vida e integridad de una persona con hemofilia.
En febrero de este año también otorgó medidas para el Servicio de Nefrología del J. M. de Los Ríos, recomendaciones que ha obviado y en este lapso han muerto tres pacientes.
“Sin embargo, nosotros pensamos que el Estado debe responder, pues se exponen al señalamiento internacional. Ya muchos denunciantes se encuentran sometidos a situaciones de estrés, ansiedad, angustia y cuadros depresivos, que además se extiende a sus familiares y amigos. Una persona del grupo, una mujer de 54 años, falleció esperando respuesta. En promedio estos venezolanos perdieron, en 2018, 9 kilos de su peso corporal”, señaló Saturno.
Buenas noticias
En septiembre pasado el Fondo Mundial de la lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, dio a conocer que, por unanimidad, aprobó 4,9 millones de dólares para dar respuesta a la emergencia del sector salud que atraviesa Venezuela, enmarcado en el “Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria en la República Bolivariana de Venezuela desde una perspectiva de salud pública”.
Este presupuesto debe ser ejecutado en los próximos tres años. El plan, en total, supera los 122 millones de dólares americanos y serán distribuidos en los distintos programas de prevención, atención y control de VIH, Tuberculosis (TB) y Malaria, en todo el territorio nacional.
Según el Plan Maestro, son 70.000 las personas que deben recibir antirretrovirales. El Programa Nacional de VIH redujo el número a 62.000.
Saturno dijo que el Estado debe colocar en ese fondo 13 millones de dólares adicionales para iniciar el plan.
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Fuente: Mabel Sarmiento / Crónica Uno