Juan M. Rodrigues
Un problema universal
La comunidad LGBTI está conformada por personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Históricamente, han estado en constante lucha para lograr aceptación y respeto por parte de los Estados y todas las personas.
En este sentido, la comunidad LGBTI ha sido objeto de discriminación, no solamente por parte de la sociedad, sino que también ha sido promovida desde el Estado. En el mundo aún quedan 69 países con leyes penales que sancionan de alguna manera la homosexualidad u ordenan tratamientos de reconversión, como si se tratara de alguna condición de salud. Incluso, hay países como Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen donde se sanciona con pena de muerte.
Este ha sido un problema global, de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, y no fue sino hasta 1990 que se eliminó del listado de condiciones psiquiátricas. Es decir, hasta apenas 31 años, las personas homosexuales eran consideradas como enfermos mentales.
La discriminación y el estigma del que han sido víctima la comunidad LGTBI ha ocasionado perjuicios en el acceso a la educación, trabajo, calidad de vida y salud. Los aspectos relacionados con la salud dentro de la comunidad son poco abordados y, en consecuencia, existe desconocimiento generalizado sobre cuáles son las necesidades que tienen estas personas en el goce y disfrute de su derecho a la salud.
Sin embargo, algunas cosas sí conocemos, las personas de la comunidad LGTBI tienen peores indicadores en cuanto a acceso a salud en comparación con la población heterosexual. Tienen igualmente, mayor riesgo de contagio de VIH y las mujeres homosexuales tienen mayores problemas para acceder a controles ginecológicos y de mamografías.
Asimismo, las personas lesbianas y bisexuales presentan mayor riesgo de padecer de obesidad, depresión, ansiedad, consumo y abuso del tabaco, alcohol y otras drogas, que la población heterosexual, todo lo cual indica que el problema no es solamente de salud física, sino también mental.
Todos estos indicadores negativos, son consecuencias de políticas estatales erradas, bien sea porque promueven la discriminación y el estigma o porque, aun no teniendo un rol activo, no toman las decisiones que permitan el acceso en igualdad de condiciones de las personas de la comunidad LGTBI a la salud, además de perpetuar un estigma social que lleva a su discriminación.
La combinación de estos factores desalienta a las personas de la comunidad LGTBI a buscar o acudir a los servicios de salud y, en los casos en lo que lo hacen, son objeto de maltrato físico o psicológico, por parte del personal de salud que, lamentablemente, no está debidamente capacitado para poder atender a este grupo de personas.
¿Qué sucede en Venezuela?
En el caso venezolano, a pesar de no haber prohibiciones expresas a que las personas puedan mantener relaciones con el mismo sexo, o existir disposiciones legales que prohíban cualquier acto de discriminación por concepto de orientación sexual, sigue habiendo grandes vacíos y deudas por parte del Estado para con la comunidad LGTBI.
Planet Romeo, una red social LGTBI, publicó en 2015 el Índice de felicidad gay, un estudio hecho entre hombres homosexuales que buscaba medir la percepción de la homosexualidad en los países y cual era el nivel de aceptación en la sociedad. En dicho estudio, Venezuela se ubicó en el puesto 45, y aunque pudiera ser una calificación positiva, el estudio señaló porcentajes importantes de abuso físico o verbal en contra de hombres homosexuales, lo que da cuenta del estigma y la discriminación a los que están sometidos los miembros de la comunidad en el país.
La Coordinadora General de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, en un foro organizado en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), reveló que la discriminación y la violencia contra las mujeres lesbianas ha sido una constante en Venezuela, y que esta situación se ha agravado con el establecimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y, recientemente, con el confinamiento por el COVID-19.
En este sentido, Quiteria Franco indicó que las mujeres lesbianas son especialmente vulnerables en el acceso a servicios ginecológicos e incluso a servicios de donación de sangre. La EHC ha contribuido a que los casos de violencia y discriminación contra mujeres lesbianas en estos contextos se hayan incrementado.
La precarización de los servicios de salud y el debilitamiento de la estructura sanitaria, como consecuencia de la EHC, ha limitado aún más el acceso a bienes y servicios de salud para las mujeres lesbianas.
Aunado a lo anterior, el confinamiento por COVID-19, también ha sido un factor que ha contribuido a la violencia intrafamiliar en contra de mujeres lesbianas, quienes además son amenazadas con ser violadas o expulsadas del hogar.
De acuerdo con Franco, todo el escenario descrito ha dejado a las personas LGTBI ante tres opciones: el silencio, que les lleva a ocultar sus relaciones o su orientación sexual; la migración forzada, buscando mejor calidad de vida y aceptación; o el suicidio.
Esta situación, permite concluir que, tal y como se señaló en líneas precedentes, la comunidad LGBTI no solamente ha visto afectada su salud física, sino también metal, con todas las consecuencias que esto conlleva.
La atención de las personas de la comunidad LGTBI requiere de un esfuerzo mancomunado de la sociedad civil, pero sobre todo del Estado, en la implementación de políticas públicas de salud orientadas a capacitar el personal de salud, adecuar los servicios médicos y concientizar a la población en torno a la importancia de poder brindar condiciones de igualdad en el acceso a la salud para todos.