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La semana pasada se dio a conocer el acuerdo firmado entre el equipo técnico de la Comisión de Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en donde también ha participado la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este acuerdo, llega en un momento político complicado para el país, con una fuerte crisis de legitimidad y donde se ha establecido posiciones férreas en torno a la posibilidad de conciliar o negociar en ciertos temas, porque esto podría significar una derrota o pérdida en el terreno político. Así, el acuerdo, aunque bien recibido por muchos, como el Secretario General de la ONU, António Guterres y las organizaciones de la sociedad civil venezolana, también ha recibido grandes críticas por ciertos actores políticos.

Pese a esto existe una verdad ineludible, Venezuela atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), que ha puesto en peligro a millones de venezolanos que requieren de forma urgente, asistencia sanitaria y nutricional, que no pueden conseguir en el país debido al colapso generalizado de los servicios públicos como el agua o electricidad;  el desmantelamiento de la infraestructura de salud, que ha dejado comprometida la capacidad del Estado para atender a la población, y a una crisis económica grave.

A ese contexto, se le suma la situación actual por la pandemia del COVID-19, lo que hace resaltar la urgencia de poder alcanzar acuerdos que permitan brindar mayor asistencia a los sectores más vulnerables, con el único fin de poder paliar los efectos de la emergencia y salvar más vidas.

Ahora bien, ¿qué contiene el acuerdo y cuál es su finalidad? El objetivo es realizar esfuerzos tendentes a fortalecer la capacidad de respuesta ante la pandemia, definiendo las siguientes líneas prioritarias de acción:

  • Detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorios.
  • Tratamiento oportuno y adecuado de los casos confirmados.
  • Aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de los contactos.
  • Protección del personal de salud.
  • Implementación de acciones de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud.
  • Vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reportes de situación.
  • Comunicación de riesgo para la adopción de medidas por la población.

Así las cosas, conviene destacar varios aspectos, el primero, es la intervención de la OPS, actor fundamental que ya venía ejecutando en Venezuela diversos programas de ayuda humanitaria, ya que garantiza que la ejecución del acuerdo se haga con base en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, que debe regir el trabajo humanitario.

El segundo, está referido al rol de la Asamblea Nacional, que permitirá la canalización de recursos económicos y materiales en el extranjero hacia la OPS, que, de acuerdo con el Centro de Comunicación Nacional y declaraciones del diputado Miguel Pizarro, estará encargada de  manejar la ejecución de la ayuda en el país, priorizando el acceso a equipos de protección para el personal de salud, a medicinas e insumos para tratamientos médicos y descentralizar las pruebas diagnósticas, haciendo énfasis en los estados más afectados.

El tercer punto importante que destacar, son los roles de las personas que firmaron el acuerdo. Así, por parte de la Comisión Técnica de la AN, firma el Dr. Julio Castro, quien preside la Comisión especial del ente legislativo para la respuesta contra el COVID-19, por parte del gobierno, el Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado y, el representante de la OPS en Venezuela, Gerardo de Cosio, así como el director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte,  lo cual genera confianza en torno a la efectividad de la ejecución del acuerdo, ya que desde los primeros casos anunciados en Venezuela, la vocería sobre la situación del
COVID-19, por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha estado alejada de los entornos científicos.

Por último, ¿por qué es importante el acuerdo? Feliciano Reyna, reconocido defensor de derechos humanos y presidente de la ONG Acción Solidaria, ha sostenido que es probable que el coronavirus en Venezuela siga el mismo patrón de crecimiento de casos como en varios países de la región que, con las medidas correctas, disminuirían progresivamente con el tiempo. El acuerdo, facilita entonces la implementación de medidas que puedan robustecer la capacidad de respuesta del Estado ante la pandemia.

Debido a la emergencia, como lo señala Reyna, los venezolanos enfrentan situaciones severas de precariedad, lo que les obliga a salir, no se trata de un acto de irresponsabilidad, sino de necesidad, por lo que debe generarse la confianza suficiente con fundamento en la ciencia para promover las medidas de distanciamiento físico, la atención de los casos más graves, y el abandono de la estigmatización contra el personal de salud y aquellos que contraen el virus.

Este acuerdo, representa el primer paso en la dirección correcta para hacer llegar mayor asistencia a estos sectores vulnerables. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, en el mismo comunicado que saluda el acuerdo, más de 100 organizaciones de sociedad civil recordaron la necesidad de concretar la entrada del Programa Mundial de Alimentos (PMA), adicionalmente otras acciones reseñadas por Sergio Ferrero son indispensables para solidificar la estructura humanitaria en el país y así ayudar a más personas.

Los elementos generadores de la emergencia se mantienen, pero mientras las soluciones duraderas llegan, el objetivo sigue siendo salvar la mayor cantidad de vidas posible, objetivo que, con este tipo de acuerdos es posible.