Este artículo ofrece un análisis sobre la percepción de progreso de los derechos civiles en América Latina, explorando las experiencias y visiones de tres profesionales y activistas de Argentina, Chile y México
En abril de 2024, México marcó un hito al convertirse en el primer país de la región en prohibir las terapias de conversión. Estas prácticas, diseñadas para cambiar la orientación sexual de personas gays, lesbianas o bisexuales a heterosexuales, y de personas transgénero o de género diverso a cisgénero, ahora serán castigadas con penas de dos a seis años de cárcel.
La decisión de México llega tras años de advertencias de organismos internacionales. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró que las terapias de conversión no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos. A pesar de esta clara condena, las terapias continuaron en diversos lugares, perpetuando el sufrimiento y la discriminación.
En 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría también se pronunció con firmeza, afirmando que no existe evidencia científica sólida que respalde la posibilidad de cambiar la orientación sexual innata de una persona. Este pronunciamiento reforzó la postura contra las terapias de conversión, subrayando su ineficacia y el daño que causan.
De esta manera, si bien el anuncio de México representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos, también pone en evidencia la tardía implementación de medidas gubernamentales para salvaguardar estos derechos, a pesar de años de rechazo y advertencias por parte de organismos internacionales.
El periodista mexicano Ricardo Balderas, de la organización PODER, apoya estas iniciativas, pero cree que México debe avanzar en otros problemas urgentes. Uno de ellos es la falta de oportunidades laborales para la comunidad LGBTIQ+.
Según datos del gobierno, solo una tercera parte de la población LGBTIQ+ en edad de trabajar logra encontrar empleo, lo que resulta alarmante. La falta de empleo estable y seguro afecta gravemente la calidad de vida de estas poblaciones vulnerables.
En este punto, Balderas opinó que es necesario crear más espacios laborales para la comunidad LGBTIQ+. Cree que el gobierno y el sector privado deben trabajar juntos para ofrecer más oportunidades de empleo e implementar políticas que sancionen la discriminación laboral.
También sostiene que la lucha por la igualdad y la inclusión debe abarcar todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso al trabajo.
«En términos generales, tenemos condiciones donde la estadística muestra una reducción de casos de violencia. Sin embargo, la violencia, la precariedad laboral y la exclusión de espacios de poder sigue siendo frecuente, sobre todo en ciudades pequeñas. Asimismo, podemos decir que cada día tenemos más participación en espacios públicos y privados”, expresó Balderas.
José Manuel Simons, abogado y activista venezolano radicado en Chile, observa que el país ha avanzado significativamente en comparación con otros de la región en términos de identidad de género y medidas contra la discriminación, pero señala que todavía persisten desigualdades.
Específicamente mencionó que los procedimientos para cambiar el nombre y género en documentos legales son lentos y poco coordinados entre diferentes instituciones. Estas dificultades afectan especialmente a las personas transgénero y no binarias, las cuales enfrentan obstáculos para ajustar legalmente su identidad.
«La persona generalmente puede hacer el cambio en el registro civil, pero a menudo tarda mucho para que las otras instituciones donde tiene documentos estén informadas y actualizadas. La persona termina teniendo que ir personalmente a estas instituciones para acelerar el trámite, explicando repetidamente su situación como persona transgénero. Esto crea un ciclo de revictimización por deficiencias que la legislación no contempló y que persisten en la práctica», dijo Simons.
Simons destacó que en Chile la situación para las personas migrantes y transgénero es aún más compleja. Relató que a menudo enfrentan dificultades para cambiar legalmente su nombre y género, ya que necesitan su partida de nacimiento, lo cual puede ser complicado si han dejado su país de origen por exclusión familiar. Además, se solicita que deban tener una residencia permanente, lo que implica cumplir con requisitos específicos de visa que pueden llevar tiempo.
El activista también menciona que se ha intentado modificar la ley contra la discriminación para facilitar estos cambios, conocida como Ley Samudio, pero ha enfrentado oposición significativa de sectores conservadores y de derecha. Según Simons, esta resistencia política es común en muchos países, por lo que recordó que el avance de los derechos civiles no debe ser condicionado a posiciones ideológicas.
Además, subrayó que estas barreras legales y políticas no solo obstaculizan el reconocimiento y la dignidad de las personas trans migrantes, sino que también resalta la necesidad urgente de políticas adaptadas a las necesidades reales y potenciales de la población.
El abogado refirió que, aunque hay avances en Latinoámerica en materia de derechos civiles, la situación no es igual en Venezuela, pues las personas LGBTI enfrentan grandes obstáculos en la obtención de protección como personas. Afirmó que persiste un desconocimiento y una falta sistemática de protección en áreas como la dignidad personal, la igualdad para formar familias y la prevención de la discriminación.
Según Simons, la falta de reconocimiento y la negación de estos derechos refuerzan legalmente la discriminación y la desigualdad, lo que afecta profundamente su calidad de vida, incluyendo el acceso a servicios de salud y el derecho a una vida digna.
Gabriel Bastidas, periodista venezolano radicado en Argentina, expresa que las autoridades de ese país, en el año 2010, aprobaron la Ley de Matrimonio Igualitario. De esta manera, se convirtió en el primer país de Latinoamérica pionero en el reconocimiento de derechos humanos para la comunidad.
Anteriormente, en ese territorio, no se permitía acceder a derechos fundamentales derivados del matrimonio, como la adopción conjunta y la propiedad compartida. Estos derechos serían reconocidos posteriormente.
En la actualidad, a juicio de Bastidas, uno de los desafíos más grandes es lograr que la sociedad comprenda que los derechos civiles son, en esencia, derechos humanos universales. En este punto, Bastidas expresó que los DDHH no pertenecen a un grupo en particular, sino que son inherentes a todas las personas. Sin embargo, es común que los derechos de ciertas comunidades, como la comunidad LGBTIQ+, se perciban como exclusivos para ese grupo, lo cual genera divisiones y malentendidos.
El periodista venezolano también opinó que este enfoque erróneo contribuye a la polarización y dificulta el progreso hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
«No debe haber polarización entre la derecha y la izquierda, ya que al final es un tema de derechos humanos. En Argentina, por ejemplo, se han logrado avances significativos porque tanto diputados de izquierda como de derecha han votado a favor, reconociendo que es una cuestión de derechos humanos. Lo mismo ocurre en España y en otros países. La polarización solo afecta los avances posibles en materia de derechos civiles para la población LGBTIQ+”, explicó Bastidas.
En muchos países, afirma Bastidas, los gobiernos han utilizado los derechos LGBTIQ+ como herramientas políticas. Esto puede tomar la forma de promesas de campaña, esfuerzos legislativos o declaraciones públicas destinadas a ganar apoyo o distraer de otros problemas. Esta instrumentalización política puede ser tanto positiva como negativa. Por un lado, puede llevar a avances significativos en la legislación y en la aceptación social. Por otro lado, también puede ocasionar retrocesos o un uso cínico de la causa para fines ajenos a la mejoría de los derechos humanos.
Otro de los factores que contribuye a la ausencia o trabas para el avance de los derechos civiles es, según Bastidas, la forma en que los gobiernos han utilizado los derechos LGBTIQ+ como herramientas políticas.
El vocero aseguró que la instrumentalización política de causas sociales puede parecer inicialmente prometedora, con avances en leyes y aceptación pública. Sin embargo, para él estos avances suelen ser superficiales y temporales debido a que considera que la aceptación social puede ser meramente superficial, sin un cambio sustancial en actitudes arraigadas.
Esto, agregó, puede llevar a una sensación de desilusión entre los defensores de los derechos humanos y otros grupos afectados, quienes ven cómo se continúa perpetuando la desigualdad desde el poder, además de socavar y diluir el verdadero propósito de la lucha por los derechos civiles y la igualdad.
Bastidas sostiene que la falta de un compromiso auténtico y continuo hacia el cambio social ha contribuido significativamente a la migración de personas en busca de dignidad y oportunidades.
“Cuando las promesas de mejoras en derechos humanos y equidad no se traducen en acciones efectivas y sostenidas, muchas personas se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de condiciones de vida mejores y más seguras”, concluyó el periodista.