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También está planteada la creación de una comisión de investigación adscrita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para complementar el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país

Ni las 48 horas que Michelle Bachelet estará en Venezuela ni los 11 días que, en marzo pasado, estuvieron en el país los expertos de su oficina son suficientes para documentar directa e integralmente  las violaciones de derechos humanos causadas por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país. Por ello varias organizaciones de la sociedad civil piden a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos que instale una oficina permanente en Venezuela.

“La presencia de Bachelet en Venezuela constituye un reconocimiento de la gravedad de la emergencia humanitaria compleja, pero necesitamos que los organismos de Naciones Unidas dispongan de un equipo instalado en el país, con suficientes recursos humanos y materiales, para facilitar la documentación directa de los atropellos que ocurren en el país”, dijo Mariela Ramírez, vocera de Dale Letra, una de las organizaciones reunidas en Parque Cristal para comunica las peticiones que se formalizarían ante Bachelet, en una reunión prevista para finales de la tarde de este jueves 20 de junio.

Feliciano Reyna, representante de Acción Solidaria y Civilis, considera que sería conveniente que esa oficina permanente del Acnudh estuviera encabezada por alguno delos expertos del equipo técnico que ha participado en la documentación directa de violaciones de derechos humanos.

“Debe haber acceso ilimitado y sin condiciones a los lugares y las personas que sean claves para las investigaciones que podrían realizar los integrantes de esta oficina. Tenemos situaciones de torturas, desapariciones forzadas. Por ejemplo, en algunos hospitales, está prohibida la entrada a las organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos, pero esa realidad tiene que ser  conocida de primera mano. Poder hablar con los afectados por la violación de derechos en todos los ámbitos”, señaló.

Reyna también promovió la creación de una comisión de investigación adscrita al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para profundizar en el monitoreo de la situación de en Venezuela.

Freno a las FAES

Como quiera que la Alta Comisionada ha adelantado críticas a la actuación excesiva de los cuerpos de seguridad del Estado, que en el peor de los casos concluye en ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones de la sociedad civil también abogan por ponerle  freno a los desafueros cometidos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que según los reportes de Provea, serían responsables de 205 asesinatos durante 2018.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, considera poco probable la eliminación de las FAES, pero sí cree factible limitarla a las “acciones especiales”, como secuestros y situación de rehenes, que le dan nombre al cuerpo élite de la PNB: “Es un organismo de alta letalidad que no debe intervenir en labores de patrullaje o control de manifestaciones y, mucho menos, en las llamadas labores de inteligencia”.

“Lo deseable es que se reformulen las políticas de seguridad ciudadana, con un claro enfoque de derechos humanos y con participación de la sociedad civil. Es necesario que se prescinda de la militarización de la seguridad ciudadana, que ha sido una constante desde que Nicolás Maduro asumió el poder”, agregó el coordinador general de Provea. En su opinión, sería muy útil que antes de que abandone el país, Bachelet haga una condena pública y enérgica contra la actuación de las FAES.

Uzcátegui llamó la atención sobre la aplicación de desapariciones forzadas contra presos políticos: “En la práctica, estas personas permanecen desparecidas por tiempo indefinido y ni sus familiares ni sus abogados pueden verlo”.

Fuente original: Proiuris / Edgar López