Compartir

La organización Clima21 envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que le pide mediar para que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales.

La organización venezolana Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que exponen el intenso y continuo deterioro ambiental en el país que, consideran, es un componente significativo de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela.

El severo déficit en el suministro de agua, la degradación de las cuencas, el deterioro de los sistemas de distribución, la ineficiente recolección de los desechos sólidos, el desabatecimiento de gas, la actividad minera sin control, la opacidad informativa y la falta de planes para mitigar el cambio climático son algunos de los puntos que la organización explica en el comunicado.

a organización destaca que Venezuela fue un país pionero en la región al desarrollar un marco legal y una estructura institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, así como en construir sistemas nacionales de gestión de los recursos ambientales. Sin embargo, advierten que en los últimos años “el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simultáneo y concordancia con la exacerbación del extractivismo minero, ha generado una grave crisis ambiental, la cual puede ser descrita desde cuatro facetas cuyos efectos se superponen y se retroalimentan”.

Estas cuatro perspectivas se fundamentan en que se ha producido un grave deterioro de los servicios públicos ambientales, así como de los programas de gestión y control ambiental; el Estado está impulsando un desarrollo minero generador de destrucción y graves violaciones a los derechos humanos; se está produciendo un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnológico, mientras que en paralelo el Estado niega el derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como a una educación ambiental de calidad.

Clima21 indica que el Ejecutivo venezolano no tiene políticas para articular la sostenibilidad ambiental con los grandes temas económicos y sociales, a la par de que se carece de información sobre la existencia de programas o acciones sistemáticas para promover la sostenibilidad ambiental en áreas prioritarias para el país como la producción petrolera, energética, agrícola, industrial o minera.

De hecho, enfatizan que la acción del gobierno es en muchos casos “contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático”, con situaciones como el aval al extractivismo minero que ha contribuido a la deforestación de bosques y contaminación de aguas con potentes tóxicos como el mercurio.

A juicio de la organización, es indudable que el deterioro ambiental como pieza clave de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta el país “repercute en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, información, participación, desarrollo y ambiente sano, entre otros”.

De allí que solicite a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no solo incluir la temática medio-ambiental en sus consideraciones, sino que exija al gobierno que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales, acate las normas constitucionales y legales del país y los tratados internacionales.

Fuente original: Correo del Caroní