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La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana – Kofi Annan, Ex Secretario General ONU

La corrupción es un problema para el desarrollo de los países. Su práctica se ha normalizado a tal punto, que ciertas organizaciones empresariales tienen departamentos dedicados a controlar y planificar los sobornos a oficiales de gobierno, lo cual es visto como una forma de hacer negocios.

No obstante, pocas veces se da importancia a las serias y graves consecuencias que la corrupción tiene sobre los Estados y sus ciudadanos. En estas líneas intentaremos explicar como la corrupción a gran escala constituye un factor fundamental para el establecimiento sostenido de violaciones a los derechos humanos.

Entendiendo el concepto

Ahora bien, ¿qué conductas son consideradas como corrupción?, organizaciones como Transparencia Internacional y el Banco Mundial definen a la corrupción como: el abuso de funciones públicas para la obtención de un beneficio personal, concepto que además es reconocido y utilizado en instrumentos internacionales que rigen la materia, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Resalta en la definición dos aspectos fundamentales: el primero, en la corrupción interviene una persona que ejerce funciones públicas, y el segundo, referido al abuso de su posición de poder para obtener un beneficio personal, normalmente, económico.

En este orden de ideas, diversos trabajos e investigaciones hacen una distinción que resulta importante a la hora de entender la corrupción como problema, y su afectación sobre los derechos humanos. Así, es necesario distinguir entre corrupción a menor escala y corrupción a gran escala[1].

La corrupción a menor escala, constituyen aquellos abusos que ocurren en el desarrollo diario de las actividades de los funcionarios públicos dentro de la administración, por ejemplo, un policía de tránsito solicitando dinero a un infractor para no colocarle una multa; mientras que la corrupción a gran escala está compuesta de abusos que ocurren entre funcionarios públicos de alto nivel[2], por ejemplo, un Ministro que utiliza su envestidura para desviar fondos de partidas presupuestarias, a cuentas personales, o recibe sobornos de empresas privadas, para la adjudicación de algún proyecto u obra.

La combinación de una práctica sostenida de corrupción a gran escala, sumado a la inexistencia o inoperatividad de instituciones del Estado – incluidas el propio sistema de justicia – en la persecución de la corrupción, es la fórmula perfecta para el debilitamiento de las instituciones y la legitimidad del Estado, afectando el cumplimiento de sus fines, entre los cuales se encuentran, por supuesto, el deber proteger, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos[3].

¿Es o no una transgresión a los derechos humanos?

Así las cosas, ¿constituye la corrupción una violación a los derechos humanos?, ha sido la interrogante sobre la cual gira un interesante debate. La corrupción ha sido tradicionalmente tipificada como un delito de tipo económico, sin embargo, considerarla como una violación, implicaría expandir la noción que se tiene sobe los derechos humanos y sobre el bienestar social.

Adicionalmente, cuando las instituciones llamadas a combatir la corrupción dentro de los Estados, no actúan, bien sea porque están involucrados en la corrupción a gran escala, o porque de forma deliberada, no son acreditados los recursos necesarios para combatir el problema, las consecuencias producto de este fenómeno podrían terminar en violaciones a los derechos humanos.

En definitiva, es la práctica sostenida, sistemática e impune de la corrupción, la que ocasionaría la transgresión de derechos humanos. Un Estado minado por este problema, no es capaz de satisfacer y garantizar el acceso a la salud, la educación, e incluso, se vuelve ineficaz en la protección de la vida de sus ciudadanos, todo ello debido a diversas prácticas como: desvío de recursos estatales destinados a la inversión en esos ámbitos, la aceptación de sobornos por parte de los funcionarios públicos, el contrabando de medicinas y equipos médicos, con la finalidad de venderlos a través del mercado negro, el auge del crimen organizado, entre otras conductas. Varios estudios han demostrado que en los países con niveles más altos niveles de corrupción, la esperanza de vida reduce, existe un aumento significativo en la deserción escolar, mortalidad materna, malnutrición y mortalidad infantil, además de serias restricciones en el acceso a servicios de salud de calidad[4].

Por todo lo anterior, es imperativo que la lucha contra este fenómeno sea asumido activamente por los países, implementando para ello los principios y estándares que se han desarrollado en la práctica y que están recogidos en instrumentos internacionales ampliamente ratificados, entre los cuales se destacan: la libertad de expresión e información, promoción de la transparencia en el manejo de los asuntos de Estado, fortalecimiento de la capacidad operativa de los entes y órganos de contraloría, investigación y de justicia orientados a combatir este problema, así como la promoción de la controlaría social y la participación ciudadana en los asuntos de interés nacional[5].

[1] Peters, A. (2015). Corruption and Human Rights. Basel: Basel Institute on Governance.

[2] Ibidem, p 1.

[3] Barkhouse, A., Hoyland, H., & Limon, M. (2018). Corruption: a Human Rights Impact Assessment. Universal Rights Group and Kroll.

[4] El Universal Rights Group, y la empresa de consultoría Kroll, publicaron en mayo de 2018 publicaron un informa con una serie de estadísticas sobre estos asuntos, disponible en::  https://www.universal-rights.org/lac/urg-policy-reports/corruption-human-rights-impact-assessment/

[5]Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. (2017). Anti-corruption and human rights: how to become mutually reinforcing? Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

Por: Juan Manuel Rodrigues / Unidad de Exigibilidad de DDHH Acción Solidaria