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La Asamblea Nacional Constituyente fue legitimada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) argumentando que esa decisión estaba enmarcada en el Estado de Excepción, luego de que el presidente Nicolás Maduro la convocara a pesar de no estar habilitado para ello, lo que ha causado que en la práctica la Constitución de 1999 esté suspendida, provocando que estas dos figuras (ANC, TSJ) toman decisiones arbitrarias con poderes ilimitados sin ningún control, ni contrapeso desde el punto de vista de los poderes públicos.

Esto ha hecho que las instituciones formales, las de gobierno para atender las políticas, los planes y los recursos del Estado se hayan desestructurado institucionalmente y no haya capacidad interna para enfrentar la situación producto de la ilegítima ANC, que tiene amplia potestad de tomar decisiones arbitrarias que no responden a las necesidades y deseos de los venezolanos. Al desestructurarse las instituciones pierden la obligación que le compete al Estado: que haya una autoridad responsable de la protección de la salud a nivel nacional visible, previsible y que esté al alcance de la población.

Esa autoridad sanitaria ha desaparecido y no tienen ya competencias para gestionar y hacer políticas públicas, dejando a la población en absoluto desamparo que se ha traducido en una emergencia humanitaria compleja donde no hay disponibilidad de insumos, ni medicamentos. Una prueba de ello, es que en 2018 fue eliminada la propia página oficial del Ministerio de Salud, perdiendo con ello toda referencia y contacto público con esta autoridad sanitaria, censurando toda la información en salud.

Adicionalmente, han cerrado cerca de 60% de los centros de salud públicos de los cuales depende la atención a la salud de la mayoría de la población. Las clínicas privadas atienden a menos del 10% y actualmente están dolarizadas. Menos del 30% de la población tiene seguro médico público o privado.  Menos de 100 hospitales públicos todavía abiertos han perdido entre 50 y 90% de sus capacidades operativas por problemas severos de infraestructura, unidades y equipos paralizados, falta de agua y electricidad y contaminación de salas y unidades. Más del 90% de los insumos, repuestos de equipos y reactivos y materiales para laboratorios en los hospitales son importados y la escasez ha sido superior a 70% desde hace tres años. Más de 60% del personal médico se ha retirado del sistema sanitario público y el déficit de personal.

Durante el año 2017, Venezuela subió al primer lugar de embarazo adolescente, entre 15 y 19 años de edad, en las regiones andina, suramericana y caribeña, con una tasa de 95 embarazos por cada 1.000 mujeres, superando a Bolivia, Colombia, Perú, Chile, e inclusive Haití. La edad de iniciación sexual en niñas y adolescentes bajó de 15 a 12 años de edad, y para empeorar el panorama, la escasez de anticonceptivos supera el 90%, según el informe “Mujeres al Límite” halló que 72% de mujeres en edad reproductiva encuestadas en línea no encontraron ningún método anticonceptivo.

Expertos independientes estiman que tasa de muertes maternas fue en 2017 de 140 por cada 100.000 niños nacidos vivos, mientras que las muertes infantiles alcanzaron la cifra de 19,6 por cada 10.000 nacidos vivos.

Las 300.000 personas con condiciones de salud crónica: trasplantadas, con hemofilia, cáncer, VIH y parkinson, entre otras, han pasado más de un año sin recibir medicinas a través del el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), al detenerse sus importaciones por decisión del Gobierno, sin ninguna previsión, plan de contingencia ni utilización de la asistencia o cooperación internacional para ayuda humanitaria. Mientras que cuatro millones de personas con diabetes e hipertensión más otras que sufrieron enfermedades agudas, también fueron privadas de medicinas en la red de farmacias privadas:

3.000 de las 16.000 personas con deficiencias renales que requiere diálisis fallecieron por parálisis de más de 30 unidades de tratamiento en 13 estados del país por fallas de máquinas y plantas de tratamiento, agotamiento de insumos y medicinas, y falta de intervenciones vasculares. Entre febrero y abril de 2017, al menos 36 personas con déficit renal fallecieron en los estados Barinas, Nueva Esparta, Lara y Zulia.

Las 3.500 personas trasplantadas dejaron de recibir medicamentos inmunosupresores en 2017 y se agotaron los reactivos para el apropiado control de su salud. De acuerdo con la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela, desde el año pasado se contabilizaron 90 personas con rechazo de órganos y 11 fallecidas por no tomar medicinas durante varios meses, muertes evitables si hubiese entregado oportunamente sus tratamientos.

Las 4.990 personas con hemofilia registradas por la Asociación Venezolana de Hemofilia (AVH) no han tenido acceso a factores de coagulación desde 2016 para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica. En el último año han fallecido 33 personas y 270 corren peligro de perder la vida. 575 personas con Hemofilia B requieren Factor IX y 272 necesitan factor VII.

Las 20.000 personas con Parkinson fueron excluidas de los programas de subsidio de medicamentos, causándoles terribles sufrimientos físicos que van desde la pérdida de equilibrio hasta un estado de rigidez total que puede provocar la muerte, reportado por la Fundación Parkinson de Caracas.

En cuanto a las 77.000 personas con VIH, han sido privados de tratamiento antirretroviral y no hay reactivos para pruebas desde hace varios años. Las muertes de personas en etapa Sida o por afecciones oportunistas aumentó en más de 70% desde el 2011 por falta de tratamientos y atención médica. En lo que va de 2018 han muerto más de 3.000 personas con esta condición.

Las 55.000 personas con cáncer ya no consiguen tratamiento de quimioterapia, medicamentos biológicos y terapias. Los centros oncológicos están cerrando y los médicos ya no pueden ofrecer esperanza de sobrevivencia. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela estimó para 2017 mayores incidencias y en mujeres con cáncer de mama y cuello uterino, y en hombres con cáncer de próstata.

Debido a las bajas coberturas de vacunación, varias enfermedades prevenibles por vacuna se han convertido en epidemias: 1.920 casos sospechosos de Difteria en 23 de los 24 estados del país. Hasta julio de este año se habían detectado 540 nuevos casos. Han fallecido 164 personas, en su mayoría niños y niñas. Se han reportado 2.154 casos de Sarampión en 17 de los 24 estados del país, pasando de 727 casos en 2017 a 1.427 en junio de 2018. Existen denuncias de 100 muertes de niños y niñas indígenas en el estado de Delta Amacuro, sin confirmación del Estado.

A causa de las actividades de minería de oro sin control, entre 2016 y 2017 la epidemia de Malaria pasó de 240.000 a 400.000 casos en 10 de los 24 estados del país, siendo el mayor número registrado de América Latina. Hasta junio de 2018 habían fallecido 820 personas por falta de medicamentos antimaláricos, entre ellas 100 embarazadas en el estado Bolívar durante 2017.

Fuente: Codevida