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La crisis económica ha ocasionado la reducción de puestos de trabajo y el estancamiento de las remuneraciones ha forzado a las entidades a tomar medidas para poder continuar con sus operaciones. Todo esto, ha tenido impacto directo en el empleo. Se podría decir, entonces que el entorno laboral venezolano en la actualidad es complejo. Adicionalmente, existe una práctica que, a pesar de no ser nueva, contribuye al empeoramiento del mercado laboral, y no es otra que la discriminación hacia personas con VIH.

Es conocido que las organizaciones ya sean civiles o comerciales, utilizan, a través de sus departamentos de recursos humanos, una serie de requisitos y políticas para captar personal y mantenerlo, con miras a generar un ambiente laboral idóneo, que fomente la armonía y la productividad en el trabajo. Sin embargo, el problema empieza cuando se utilizan prácticas ilegales y discriminatorias, que de ninguna manera contribuyen a los fines de fomentar armonía y productividad, siendo una de ellas, la realización de la prueba de VIH como requisito de ingreso o permanencia en un puesto de trabajo.

Pero, ¿cómo estas empresas incurren en esta situación? Durante este año, en Acción Solidaria, hemos recibido hasta 5 casos de personas que han sufrido algún tipo de discriminación relacionada con la condición de VIH, y por la cual han sido descartados para ingresar a un puesto de trabajo o han sido conminados a renunciar.

A este grave problema, contribuyen distintos agentes; por un lado, están las empresas que, a espaldas de las personas y de forma ilegal, exigen y realizan la prueba diagnóstica a sus candidatos y empleados; y por la otra, tenemos laboratorios y profesionales que, dentro de sus servicios, ofrecen a las empresas la realización de la prueba a partir de las muestras de sangre que toman de los candidatos o empleados.

Cómo ya fue explicado anteriormente, esta práctica es discriminatoria, ilegal e inconstitucional, y sobre ello se ahondará un poco en las siguientes líneas.

¿Qué dispone la Constitución?

El numeral 5 del artículo 89 del texto constitucional, establece que:

«Artículo 89.- El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

  1. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, sexo o credo o por cualquier otra condición…»

Cómo claramente se desprende, esta disposición constitucional busca proteger a cualquier persona a fin de evitar que sean víctima de discriminación dentro del entorno laboral, por diversas razones y entre las cuales se incluye, por supuesto, ser discriminado por vivir con la condición de VIH.

Partiendo de este punto, ninguna persona con VIH puede ser apartada de un puesto de trabajo o de ejercer cualquier derecho legítimo por este hecho.

¿Y el resto del marco legal?

Aunado a la disposición constitucional ya referida, en el año 2014, la Asamblea Nacional sancionó la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la igualdad de las personas con VIH o sida y sus Familiares (en lo sucesivo, Ley de VIH) que prohíbe, de forma expresa, la realización de la prueba diagnóstico para el ingreso a un puesto de trabajo.

Así, la Ley de VIH, dentro del capítulo referido a la igualdad en el derecho al trabajo, dispone en su artículo 24 lo siguiente:

«Artículo 24.- A los fines de garantizar la igualdad en el trabajo de las personas con VIH/SIDA, se establecen las siguientes regulaciones:

  1. Se prohíbe establecer como requisito de ingreso o permanencia de las personas al trabajo, contar con un diagnóstico de VIH, salvo las excepciones previstas en la ley o en las normas jurídicas que regulan la salud y la seguridad laboral. No podrá considerarse la condición de persona con VIH como impedimento para contratar ni como causal para la terminación de la relación laboral.
  2. Se prohíbe exigir o practicar exámenes diagnósticos para el VIH a las personas que aspiran ingresar a trabajar, así como durante la relación de trabajo, incluyendo exámenes de salud pre y post vacacionales, salvó las excepciones previstas en la ley o en las normas jurídicas que regulan la salud y la seguridad laboral. En este mismo sentido, también se prohíbe solicitar a las personas información acerca de su condición de VIH/SIDA durante el ingreso, promoción, ascenso y permanencia en el trabajo…” (Énfasis: Negrillas y subrayado nuestro)

Tal y como se desprende de la cita parcial del artículo 24 de la Ley de VIH, la exigencia del diagnóstico, la realización de la prueba y solicitar información sobre la condición a cualquier persona para ingresar o permanecer en un puesto de trabajo es ilegal.

Este último punto, resulta importante ya que, de acuerdo con el texto legal, la condición de VIH forma parte de la esfera de la vida privada de cada persona, razón por la cual no existe obligación alguna para que una persona revele su condición dentro de un contexto laboral.

A pesar de que la Ley de VIH es de 2014, la prohibición es de vieja data, siendo el primer antecedente normativo relacionado con el tema de estas líneas, la Resolución SG439 dictada por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en agosto de 1994, donde se estableció la prohibición de exigir de la prueba de anticuerpos contra el VIH como requisito de ingreso o permanencia en un puesto de trabajo.

De la misma forma, la Ley de VIH establece que las infracciones a lo estipulado en ella pueden acarrear consecuencias administrativas (aplicación de multas), sin incluir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria a las que, de acuerdo con el caso, pudiera haber lugar. 

¿Qué opciones tienen las víctimas de discriminación laboral por VIH?

La ley de VIH establece que las personas cuyos derechos hayan sido violados por vivir con la condición, pueden accionar legalmente para solicitar su restitución por vía de amparo constitucional (artículo 35) y, además pueden acudir a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público, legitimados para accionar en estos casos, dentro de los límites de su competencia.

Ahora bien, analizando el sustento normativo de la prohibición de realizar la prueba diagnostico a las personas para el ingreso o permanencia en el trabajo y las consecuencias legales en caso de hacerlo, ¿Por qué sigue habiendo tantos casos de discriminación?, podría considerarse que todo es producto de la ignorancia que aun subyace en la sociedad en torno a la condición, los viejos estigmas contras los cuales la sociedad civil y activistas han luchado, desde la década de los 80, y contra los que hay que seguir luchando, con miras a establecer una sociedad más justa e incluyente, con igualdad de oportunidades para todos.

Artículo de opinión de Juan M. Rodrigues Goncalves / Unidad de Exigibilidad de DDHH de Acción Solidaria