El pasado 19 y 20 de marzo, en el marco de la sesión 55° del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra sesiones regulares tres veces al año (marzo, junio y septiembre) en Ginebra, Suiza. Estas sesiones son de gran importancia porque abordan cuestiones relacionadas con la promoción y protección de los DDHH en el mundo y son un espacio crucial para impulsar acciones concretas para garantizar su respeto y debido cumplimiento.
Durante estas sesiones, los Estados tienen la oportunidad de plantear cuestiones relacionadas con la situación de los derechos humanos en diferentes países, ofrecen recomendaciones y adoptan medidas para abordar las vulneraciones de DDHH en los países miembros de la ONU. Esto incluye la situación en Venezuela, el cual, es un tema que tiene ya varios años siendo parte constante de la agenda del Consejo.
En este sentido, el Consejo otorgó a través de la resolución A/HRC/51/29 (2022), un mandato a la oficina del ACNUDH respecto de Venezuela, en el cual, deben ofrecer asistencia técnica, realizar un monitoreo del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y presentar informes sobre sus hallazgos y avances en virtud de su trabajo.
¿Qué se dijo sobre Venezuela?
Por lo anterior, el Alto Comisionado Volker Türk, presentó una actualización oral en este período de sesiones del Consejo, sobre la situación del país, cubriendo el período entre septiembre 2023 – marzo 2024. Entre los puntos mencionados, señaló que la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado y continua generando un clima de miedo, tanto para políticos de oposición como para defensores de derechos humanos.
Además, Türk calificó de “incoherente” la medida del gobierno venezolano de suspender las actividades de la Oficina del ACNUDH en Venezuela y la orden de retiro de su personal del territorio del país. Advirtieron que desde el año 2019 llevan a cabo una labor importante en el terreno y en muchos casos de cooperación técnica con el Estado; si bien señalaron que desde la presencia de la oficina del ACNUDH en el país se han producido algunos cambios positivos, aún queda “mucho por hacer”.
Respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) manifestaron que, han persistido durante todo el año las protestas relacionadas con el disfrute de estos derechos, pero que no se han registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas públicas. Si bien no hay registros de violencia en ese sentido, si se han registrado arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones de prestaciones sociales, como consecuencia o castigo de la participación en tales manifestaciones.
Sobre los defensores de DDHH, se hizo referencia a la detención (mención específica a Javier Tarazona y Rocío San Miguel), la represión y las constantes amenazas contra este grupo y las organizaciones de la sociedad civil. Se hizo un llamado a las autoridades a frenar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital. Exigieron el respeto del acuerdo de Barbados.
Si bien, reconocen los esfuerzos por reducir la violencia de funcionarios y un aumento de seguridad, resaltaron que persisten malos tratos e incluso tortura dentro de los distintos centros de detención. El hacinamiento en los centros penitenciarios sigue siendo un problema de relevancia,al igual que la precaria condición de estos, siendo indispensable garantizar el cumplimiento de derechos humanos esenciales como: vida, salud, alimentación, agua y saneamiento.
A pesar de los signos de crecimiento económico de los últimos dos años y ciertas mejoras en cuanto al acceso a la salud, la alimentación y la educación, la población venezolana siguen enfrentando desafíos estructurales como la falta de personal y de financiamiento, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las comunidades indígenas y campesinas. Por otra parte, indicaron el efecto negativo de las sanciones sectoriales alegando que han tenido un impacto negativo desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población. Solicitaron en este sentido levantar las sanciones.
Finalmente, manifestaron que se mantiene la legislación que penaliza el aborto; no existe reconocimiento de las personas trans bajo la identidad de género de su elección; y no hay avances respecto al matrimonio igualitario.
¿Cuál fue la respuesta del Gobierno venezolano?
Afirmaron que el suspender las acciones de la oficina del ACNUDH en Caracas «fueron fundamentadas» por su apoyo a actitudes “golpistas” y silencio ante los intentos de “magnicidio”. Sin embargo, dijeron mantenerse en conversaciones pese a lo que calificaron como actos reprochables. Por otra parte, consideran alentadores los pronunciamientos en contra de las sanciones.
¿Qué se espera del Gobierno venezolano tras la sesión?
La recomendación generalizada al Gobierno venezolano , por una parte importante de los Estados miembros, es que se tomen medidas concretas y urgentes para garantizar los DDHH en Venezuela Asimismo, se espera la restitución de la oficina del ACNUDH en el país, la liberación de los defensores de DDHH detenidos, resaltando especialmente el caso de Rocío San Miguel y Javier Tarazona, y el freno del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela.